12 enero 2008

Contrarreforma electoral

Las Reformas a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que el Congreso Nacional de la República efectuó finalizando el año pasado, contrario a lo que dicen quienes las realizaron, son un retroceso en el proceso de fortalecimiento de nuestra democracia.

El hecho de que las mismas no hayan sido discutidas a la luz del día, consensuadas con los sectores sociales, económicos y políticos de la nación como anteriores reformas de este tipo fueron realizadas, les da la categoría de ilegitimas, y pese a fueron realizadas por un organismo competente del Estado, no necesariamente llenan las expectativas de la gran mayoría del pueblo hondureño, al cual están obligados a responder los legisladores.

No escuchar la voz del ciudadano de pie, de la Sociedad Civil organizada, de todos los partidos políticos legalmente constituidos y de los demás actores del andamiaje estatal, generan una natural antipatía a estos cambios que no necesariamente van encaminadas a democratizar la forma en la cual elegimos a nuestros representantes y gobernantes.

Y además de este asunto de fondo, el de la consulta y socialización, existen otros de forma, específicos, que tienen que ver con el alcance de la reforma electoral, y que están concretamente relacionados al financiamiento de los partidos políticos y del tiempo en el cual se celebraran las elecciones internas de las instituciones partidarias.

Pretender asignar –según cálculos de algunos funcionarios gubernamentales- mas de mil millones de lempiras anuales a los partidos políticos es un verdadero acto de grosería en un país sumido en la pobreza, y en momentos en los cuales apenas vemos un pequeño cambio en esa terrible tendencia de miseria nacional.

Me pregunto: ¿Por qué nuestros diputados no habrán legislado por asignar mil millones de lempiras para financiar la lucha en contra de la indigencia en los municipios más pobres del país? ¿Por qué nuestros diputados no habrán legislado por asignar mil millones de lempiras para financiar la lucha en contra de la delincuencia que agobia nuestras calles? ¿Por qué nuestros diputados no habrán legislado por asignar mil millones de lempiras para financiar la lucha en contra del SIDA que mata a nuestros jóvenes en nuestros corredores urbanos, grandes conglomerados metropolitanos y zonas costeras?
Y ante estas preguntas, algunos fácilmente podrían contestar: Sencillo, porque de estas nobles y oportunas asignaciones, la clase política no se beneficiaria, mientras de las realizadas –como dice el Otto Boesh- el efecto derrame les salpicara.

Lo que pasaría si esta contrarreforma electoral fuese puesta en vigencia es que los partidos políticos crearían con todo ese dinero una burocracia paralela, y las argollas partidarias pasarían del botín estatal al botín partidario.
Inadmisible desde todo punto de vista, improductivo por donde se le vea.

Por otro lado, querer adelantar las elecciones internas de los partidos lo único que permite es anticipar el festín político, encarecer las campañas proselitistas, desconcentrar la labor gubernamental, y como un dirigente empresarial dijo por ahí: “anestesiar a este pobre pueblo”.

Y todavía peor, si lo que en realidad hay detrás de esta contrarreforma de adelantar la fecha de las elecciones internas es la búsqueda maquiavélica de un escenario en el cual los vencedores del proceso electoral interno y primario de los partidos políticos tradicionales tengan la suficiente fuerza para incidir en la elección de los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia, las razones para rechazar estas modificaciones a la Ley Electoral son de sobra justificadas.

Una verdadera reforma electoral hubiese sido el seguimiento a los acuerdos firmados por los partidos políticos el 4 de septiembre del año 2001, en el denominado “Manifiesto de los partidos políticos al pueblo hondureño”.

Debió puntualizarse con precisión los mecanismos para hacer efectivo el uso de las figuras del plebiscito y del referéndum, se debió tomar cartas en el asunto para despolitizar el Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), diseñar una estrategia para evitar que los recurso de la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y el narcotráfico financien a los partidos y candidatos, se tuvo que haber simplificado el procedimiento para la inscripción de partidos políticos y se debió descentralizar electoralmente el país mediante la creación de los Distritos Electorales. Estos es lo que el pueblo clamaba. Esto es lo que el pueblo clama.

Pero aquí, damos un paso hacia adelante, y dos para atrás.

Omar Rivera
Tegucigalpa, MDC – 06 de enero de 2008

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