La ERP y el desvío del gasto

En diferentes sectores de hondureños y entre la comunidad de la cooperación internacional existe preocupación por la orientación del gasto público y el desvío de los fondos destinados para la Estrategia de la Reducción de la Pobreza (ERP).

La incertidumbre inicial se ha venido constatando con las decisiones gubernamentales y con las declaraciones de algunos secretarios de Estado que demuestran un desentendimiento y una ligereza en el análisis -no por falta de sabiduría y talento, sino porque ahora hablan como políticos- con el que tratan de justificar las decisiones que están tomando.

Desde hace algunos años venimos escuchando sobre la ERP, pero talvez hasta más recientemente hay un conocimiento general y aproximado acerca de sus objetivos, la población meta y los recursos que se han destinado para su ejecución.

El proceso para la construcción de la ERP fue largo y participativo que inició desde 1998 teniendo como fondo el desastre dejado por el huracán Mitch y la creación del Consejo Consultivo de Estocolmo. Abarcó dos gobiernos, el de Carlos Flores Facussé y el de Ricardo Maduro, algo que no es común en Honduras donde la práctica entre un gobierno y otro es que se desestime lo hecho por el anterior.

En este caso particular había un elemento externo que impulsaba esta iniciativa y era alcanzar la condonación de la deuda externa que el país venía buscando.

Hay una estrecha relación entre la ERP y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Honduras está entre los 189 estados signatarios de la Declaración de las Metas del Milenio que se definieron en septiembre del año 2000 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Además, ha expresado la voluntad política para darle seguimiento a los Objetivos y Metas del Milenio.

Ambos instrumentos son valiosos en aras de coordinar esfuerzos para el desarrollo que realizan en el país el gobierno, la sociedad civil y la cooperación internacional. Los gobiernos se comprometieron para el año 2015 alcanzar las Objetivos y Metas del Desarrollo del Milenio, que en el fondo es lograr los objetivos de la ERP.

Las metas de la ERP en Honduras son las siguientes: reducir la pobreza en 24 puntos porcentuales, duplicar la cobertura neta en educación prebásica en niños de 5 años, lograr la cobertura neta del 95% en los dos primeros ciclos de educación básica, lograr la cobertura neta del 70% en el tercer ciclo de educación básica, lograr que el 50% de la fuerza de trabajo emergente complete la educación secundaria, reducir a la mitad la tasa de mortalidad infantil y en niños menores de cinco años, disminuir al 20% la desnutrición en menores de cinco años, reducir a la mitad la mortalidad materna, lograr acceso del 95% de la población al agua potable y saneamiento, equipar y elevar el índice de desarrollo humano de la mujer, reducir la vulnerabilidad ambiental.

No hay lugar a duda, los fondos de la ERP están orientados a: proyectos de desarrollo para sacar de la pobreza y la pobreza extrema a los más pobres de Honduras (meta 1), ampliar la cobertura en el sistema de educación (metas 2, 3, 4 y 5), mejorar y ampliar la cobertura en salud (metas 6, 7, y 8), acceso a agua saneamiento (meta 9) y las dos últimas que requieren acciones de políticas de desarrollo para la mujer y el ambiente.

Si vemos, el compromiso de la ERP es ampliar y mejorar la cobertura de los servicios a los MÁS POBRES, es INVERSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA NUEVA. No es cubrir los gastos corrientes del gobierno y cumplir la oferta de campaña. ¿De dónde han sacado los ministros que de los fondos de la ERP pueden pagar subsidios a los taxistas, cubrir el incremento del costo de los combustibles, pagar la matrícula gratis, cubrir el aumento de sueldo a los empleados públicos, cumplirle a los docentes con el compromiso del Estatuto, contratar más policías, etc.?

Algunos funcionarios de este gobierno nos atropellan la inteligencia y hasta el sentido común cuando tratan de arrastrarnos a la idea de que el subsidio a los taxistas está dentro de la ERP, porque al final se van a mantener los costos del servicio, lo que beneficia al usuario que son sectores pobres; o cuando argumentan que con la matrícula gratis se cumple con la ERP. Ambas cosas son absolutamente falsas.

Creemos que estos argumentos los esgrimen por las circunstancias de su paso, no de funcionarios, sino de políticos, pero si continúan así se van a volver irreconocibles y poco respetables. Y creo yo que los funcionarios no deben permitir que la política les deje estas cicatrices en sus vidas.

Si este va a ser el destino del gasto, es una conclusión dolorosa que el actual gobierno y sus funcionarios no tienen claridad de cómo implementar y lograr los objetivos de la ERP. Podíamos esperar esta incompetencia o insensibilidad de los sectores conservadores, aunque con ello el Partido Liberal solo haría constar su condición de tal.

Julieta Castellanos