Otro fraude ... más

Lo que dice el abogado León Rojas Carón está más claro que el agua para todos ... menos para los encargados de ¿administrar? justicia en Honduras.
No contentos con la estafa del aumento a los combustibles para recoger dinero e invertirlo en la compra de Interairports y el proyecto Bahía de Tela (aquí hay mucha "tela" que cortar con los negocios encubiertos de Ricardo Maduro), consintieron este atentado jurídico para favorecer a los mismos.
Sería curioso, esclarecedor y didáctico hacer una auditoria a estos "magos" económicos tras la salida de Ricardo y ver cual ha sido el cambio de sus patrimonios.
Lo más interesante de la corrupción en esta administración es que sus actos los han ejecutado con un descaro y una desinhibición total, lo que demuestra el grado de convencimiento al que han llegado de que los ciudadanos de Hibueras son como los vegetales y que se van a dejar violar las veces que ellos quieran.
Aunque la expresión no es mía, sino que de mi compatriota y tocayo Miguel de Unamuno que en un momento determinado gritó ... ¡Me duele España!, yo grito:
¡Me duele Honduras!


Ex asesor de Superintendencia de Concesiones
Un fraude a la ley venta de concesión de aeropuertos
La Procuraduría de la República tiene que pedir su nulidad, dice

TEGUCIGALPA.- La venta de la concesión de los aeropuertos internacionales al grupo Compañía General de Inversiones que preside el empresario José Lamas, es un fraude a la ley que ya debería estar investigando con la importancia del caso la Procuraduría General de la República.
"La venta de la concesión de InterAirports a Aeropuertos de Honduras mediante el traspaso de las acciones de una sociedad es un fraude a la ley", expresó en una entrevista el abogado León Rojas Carón.
Según Rojas Carón, el fraude a la ley se puede explicar con el siguiente ejemplo: "es como cuando alguien se autoembarga y le dice a un amigo que ejecute esa acción... usan al juez y usan a la ley".
Rojas Carón, igual que otros abogados conocedores del Derecho Mercantil, explicó que si InterAirports no podía sostener la concesión, ésta debió someterse a un nuevo proceso de licitación pública.
"Si se trata de la concesión de los aeropuertos, ésta tuvo que irse a una nueva licitación pública declarando fracasada la anterior concesión por no haber cumplido con sus obligaciones", precisó el entrevistado.
Rojas Carón, quien se desempeñó como asesor principal de la Superintendencia de Concesiones y Licencias en el gobierno anterior, expresó que lo que hubo en la transacción fue un subterfugio para traspasar acciones usando una sociedad anónima que al inicio se constituyó con un capital de 25. 000 lempiras.
El abogado manifestó que el fraude comenzó desde la redacción del decreto de la concesión que permitió que los primeros inversionistas asumieran la concesión y contrataran asesores que conocieran la materia, pero que este caso resultaron en un fraude porque el operador nunca funcionó.
Rojas Carón se refirió a que los primeros concesionarios aseguraron haber contratado al aeropuerto de San Francisco como operador de los aeropuertos y al final se descubrió que eso no fue cierto.
El entrevistado señaló que se puede demostrar que todos los países que han hecho ese tipo de concesiones se han asegurado que los inversionistas que han asumido ese reto tienen la suficiente experiencia en esa actividad.
"Aquí nos dijeron que el operador era el aeropuerto de San Francisco, y después se descubrió que este operador era municipal y lo que ocurrió es que tuvieran problemas en Estados Unidos", dijo.
Rojas Carón cuestionó que otro fraude a la ley es que el concedente de los aeropuertos es el Estado de Honduras que debe ser representado por la Procuraduría, pero en la práctica el que ejecuta esa labor es la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), que lo ha hecho muy mal.
De acuerdo al abogado, cualquier persona o institución puede iniciar una gestión para pedir la nulidad de la venta de la concesión, pero a su juicio, nadie la emprende porque se ha perdido la fe en el Poder Judicial.
Rojas Carón manifestó que si este tipo de transacciones no se revisten de transparencia es una "convulsión social como el conato que hubo cuando se incrementó abruptamente el combustible".
El entrevistado subrayó que si el concesionario anterior no cumplió con sus obligaciones, lo que debió haber hecho el Estado es recuperar la concesión para volverla a someter a un nuevo proceso y si no se puede el Estado debe asumir la administración de las terminales aéreas.
Rojas Carón cuestionó también que en el contrato original y el reformado por este gobierno, el Congreso Nacional ignoró el Poder Judicial de Honduras y se consignó que en caso de conflicto el asunto se tenía que dirimir en Londres, según las reglas de un tribunal de Nueva York.
Según Rojas Carón, eso se puso "como ardid o como una tetra para intimidar al Estado de Honduras, y aun viendo sus consecuencias el Congreso dejó el artículo íntegro cuando se hicieron las reformas".
Indicó que como ir a un tribunal de Londres es caro, entonces InterAirports cuando se sintió afectada por la imposición de multas recurrió al tribunal de lo Contencioso Administrativo, "y por eso es que yo digo que todo ese contrato está sustentado en un fraude a la ley".
PAPEL
Rojas Carón expresa que ante el escenario que se ha creado en torno a la concesión de los aeropuertos la Procuraduría de la República tiene que pedir la nulidad de ese fraude.
"El procurador debe acelerar esa nulidad y demostrar que hay un fraude a la ley y un fraude a la concesión y al pueblo, si no lo hace tendrá que responder por omisión", precisó.
Indicó que en este caso no tiene que intervenir la Fiscalía porque los intereses del Estado los defiende la Procuraduría y ya debe actuar con la suficiente fortaleza para sentar un precedente.
DESPRESTIGIO
El experto en el tema manifestó que lo único que hizo InterAirports que se puede destacar, pero en forma negativa, es que desprestigió la figura de las concesiones en Honduras.