El IDH y el fracaso de los gobiernos

El Informe de Desarrollo Humano es una lectura de la situación del país, que presenta información donde queda en evidencia el fracaso de las políticas públicas y, sobre todo, el fracaso de los políticos y los gobernantes.

Este informe llega en un buen momento, se le ha entregado al gobierno actual un documento con información reciente, procesada de manera profesional y responsable, que revela de forma fehaciente el estado de la situación en la que se encuentran Honduras y los hondureños.

Una información valiosa y útil para la toma de decisiones en materia de política pública y de inversión social. Por otra parte, el gobierno que lo recibe, que recientemente ha cumplido los cien días, no siente que es una evaluación a su periodo, y el presidente Zelaya hasta puede utilizar los datos que están allí para ver hacía atrás e identificar el porqué del fracaso y cómo se ha llegado a la situación de vida que actualmente viven los hondureños.

En efecto, el IDH no es una evaluación al gobierno actual, porque aun y cuando no pretenda evaluar a nadie, los resultados por sí mismos dejan muy mal a los dos partidos que nos han gobernado y a la clase política y empresarial que ha dirigido los destinos de Honduras.

Un país no logra el desarrollo entre un gobierno y otro, eso está claro, pero si vemos la democracia de los últimos 25 años como un proceso continuo, entonces sí, los resultados evalúan a los partidos y a los políticos. Veinticinco años es tiempo suficiente para sentar las bases del desarrollo y del progreso humano, para marcar rumbos, para definir prioridades, para diseñar políticas y para ejecutar planes que orienten la situación del país hacia otros resultados.

Los resultados del IDH no son el resultado del último quinquenio, ni de la última década, son el resultado de todos estos años atrás, más allá de los 25 años de retorno a los procesos electorales.

Hay en el informe una dramática afirmación: “Honduras es el país de Latinoamérica con mayor desigualdad en el ingreso”, esta condición no es un resultado casual, natural, o una maldición; es resultado de las políticas públicas, de las decisiones de los gobernantes, de los legisladores y de los funcionarios de más alto nivel. Son las políticas del Estado de Honduras las que han creado y perpetuado esta situación, y no hay indicios de cambio, al contrario, las acciones actuales nos anuncian estancamiento o la perpetuación de las desigualdades.

Persisten los vicios, las prácticas y las decisiones que hacen crecer la distancia entre diferentes segmentos de la población hondureña. Probablemente, la corrupción esté entre aquellas causas más dañinas y oprobiosas. No hay cálculos fieles de la cantidad de recursos que han sido apropiados por funcionarios, políticos y empresarios corruptos.

Pero sin duda el crecimiento inexplicable y la prosperidad económica de muchos sectores tienen su origen en recursos públicos de los que se apropiaron y en otros recursos que el Estado dejó de percibir. Los escándalos de corrupción no han cesado, unos más publicitados, otros más perseguidos por la justicia, otros más silenciosos, apañados y encubiertos; pero son muchos los beneficiados.

Y no vemos todavía cambios que marquen la diferencia entre gobierno y gobierno, o entre partido y partido. Una lista de los escándalos nos ayuda a ver la corrupción como una práctica continua: Ciudad Mateo, VI Juegos, “pasaportazo” I, II, y III; Conatel, caso InterAirports, “gazolinazo”, “quiebrabancos”: Bancorp, Capital, Bancreser, financieras y puestos de bolsas quebrados; “avionazo”, Inpreunah, IPM, ENEE.

Además, el contrabando, la defraudación fiscal y las actividades del crimen organizado. Y todos tienen en común que dos juezas, por orden superior, han dictaminado sobreseimiento definitivo en unos casos y provisional en otros.

Y estos dictámenes se dan en ambos gobiernos: liberales y nacionalistas. Entonces, aquí radica parte de las diferencias que el mismo Estado construye, fomenta y estimula.

Gran parte de los nuevos ricos y de la riqueza que acumulan es por esta vía; y el Estado lo permite cuando sus instituciones funcionan para lavar la imagen de funcionarios, políticos y empresarios corruptos; y después exhiben las cartas de libertad que les han concedido.

Estos son los mismos círculos de poder a los que se refirió el presidente Zelaya en su discurso el día que se presentó el IDH, los mismos que tienen atrapado al gobierno, a través de las concesiones a las empresas que producen energía térmica, del negocio del combustible, del cemento, los que no pagan la energía eléctrica que consumen.

Los mismos que financian las campañas políticas. Entonces, sabemos quienes son y donde están. Hacen falta acciones que castiguen a los que han saqueado y continúan saqueando a este país. Eso sí puede modificar la tendencia de ser el país de América Latina de la mayor desigualdad en la distribución de la riqueza.

Las palabras están de más cuando no se toman las decisiones que conduzcan al cambio de rumbo y a las rectificaciones honrosas. Y al país le urge un cambio de rumbo. Y esto de la urgencia me recuerda el eslogan de campaña: “Urge ‘Mel’”.

Julieta Castellanos