Democracia para Honduras

La existencia y consolidación de un Estado democrático tiene como condición primordial el cumplimiento, respeto y tutela de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes lo habitan; y, por eso, los pueblos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y protegerla.

Nuestro país está obligado a definir sus políticas públicas y a ejecutarlas con la comprensión de que sólo acompañada del desarrollo, la libertad, la paz y de la participación ciudadana, la democracia mantiene sustantivamente su aptitud para su destino como construcción permanente hacia un ideal de gobierno y de sociedad; y que esa democracia es la base de nuestro Estado de Derecho y de nuestro régimen constitucional.

Los partidos políticos y los ciudadanos y ciudadanas que aspiren al servicio público en Honduras, deberían apropiarse de ese sentido y alcance de la democracia moderna y preparar de antemano lo necesario para poder aplicarla, corregirla, iluminarla y dirigirla, conscientes de que nuestra Constitución de la República, declara a Honduras como un Estado democrático que tiene como fin supremo a la persona humana y la promoción, respeto, y protección de su dignidad; por lo que, debe velar por asegurar la plena realización de los hondureños y hondureñas, en cualquier lugar donde se encuentren, y garantizar en el territorio nacional, a todas y todos los habitantes, el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar.

La democracia constitucional implica la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de una democracia de calidad que responda a los requerimientos vitales de la soberanía permanente del pueblo sobre el Estado y su derecho al desarrollo y al bienestar; que genere los cambios necesarios para dotar de capacidades y oportunidades de realización a todas y todos los habitantes; y que elimine las causas de la corrupción, pobreza, desigualdad y exclusión social.

El ejercicio de la forma democrática de Gobierno en Honduras, es competencia constitucional no sólo del Poder Ejecutivo sino que también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Esos poderes, aunque distintos e independientes, deben actuar complementariamente, en coordinación metódica y en consulta con la sociedad, para asegurar la democrática y eficaz gestión social del Estado.

Esa necesidad lleva también a plantear sugerencias conducentes a la organización de elecciones realmente representativas con votos conscientes de la ciudadanía hacia candidatas o candidatos capaces y dispuestos a ejercer cumplidamente la forma democrática y republicana de nuestro Gobierno constitucional.

El creciente abstencionismo electoral de la ciudadanía, así como el voto en blanco e inclusive del voto nulo, deberían ser seriamente investigados para detectar su relación con frustración o desconfianza hacia la institucionalidad del Estado o la actuación de quienes la dirigen o aspiran a hacerlo, y para encontrar soluciones pertinentes que lo reviertan aumentando la participación que democratice más nuestra sociedad.

En forma igualmente responsable, deberíamos dar mayor legitimidad al resultado del proceso electoral, estudiando y planteando nuevas y más altas mayorías de votos en nuestro sistema de elección de Presidente, Vicepresidente, diputadas y diputados, y corporaciones municipales, e inclusive, para la elección de segundo grado, de los integrantes del Poder Judicial y de las otras entidades o instituciones del Estado.

El sistema proporcional de elección de diputados y diputadas es lo que ha permitido a los partidos minoritarios tener representantes en el Congreso Nacional. Necesitamos perfeccionar ese sistema teniendo presente el principio constitucional de la democracia participativa que implica también la participación de todos los sectores políticos en el Gobierno para asegurar la cohesión social, el progreso y la estabilidad.

En el ejercicio de la democracia debe estar siempre presente lo cierto, genuino y verdadero de la representación conferida que es verificable por el contacto y las respuestas sistemáticas a las necesidades del pueblo como custodio de la soberanía del Estado, de la cual emanan los poderes públicos y su legitimidad. De ahí el interés de considerar la revocatoria del mandato de los representantes electos que no se mostrasen capaces ni dispuestos a atender ese contacto ni a dar esas respuestas para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado democrático y social.

La democracia constitucional llama a una democracia de calidad que dirija el desarrollo sostenible y la seguridad de Honduras hacia el avance progresivo del bienestar nacional, con un buen gobierno, la activación de la conciencia ciudadana y la vigilancia constante de la sociedad, para lograr el efectivo Estado de Derecho que nos permita vivir en una realidad centrada en la promoción de la persona humana, en la justicia, en la solidaridad y en la honestidad.

H. Roberto Herrera Cáceres