04 diciembre 2006

Dignidad y Justicia Social en Honduras

En la evolución constitucional de Honduras, el bienestar y la seguridad del ser humano, del pueblo o de la población, ha sido formalmente la razón de ser de la organización del Estado y del consecuente esperado buen funcionamiento de sus instituciones para ello. En la Honduras de hoy, el fin de la sociedad y del Estado es la plena realización de sus habitantes y el respeto de su dignidad. Esa dignidad debe expresarse en el goce efectivo de los derechos humanos, afirmado en un sistema económico dinámico, eficiente y eficaz en su crecimiento e impregnado de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional; en el disfrute de la seguridad como garantía del goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar; y en la práctica de la solidaridad humana como actitud y comportamiento dentro de la sociedad nacional y de la sociedad internacional.

Sin embargo, puesto que sólo en la comunidad local y nacional puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, en el goce y ejercicio de esos derechos humanos cada habitante tiene correlativamente responsabilidades con su comunidad, deberes de respeto de los derechos de los demás, de la seguridad de todos, de las justas exigencias del bienestar general en una sociedad democrática, y de contribuir a asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, para todas y todos los habitantes, sin exclusión ni marginación alguna.

La realización, sin discriminación, de los derechos humanos de los habitantes debería estarse logrando por medio del desarrollo humano individual, familiar, local y nacional, y con la protección y promoción especial del Estado a las y los niños, discapacitados, ancianos, comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros sectores vulnerables.

Esa es la Honduras que deberíamos estar viviendo según las previsiones de nuestra Constitución que han sido desarrolladas y profundizadas en la Declaración Universal y en los Pactos Internacionales de derechos Humanos así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, sus protocolos y en la nueva generación de tratados centroamericanos en vigor en Honduras.

Todos esos instrumentos vinculatorios y de obligatorio cumplimiento para el Estado y la sociedad, afirman, explícita e implícitamente, que uno de sus objetivos esenciales es liberar a la mujer y al hombre del temor y de la miseria, creando condiciones que les permitan gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales; asegurando, como cumplimiento mínimo, que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso la alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”; y recordando que la negación de los derechos humanos, desconociendo su protección por un régimen de Derecho, genera ingobernabilidad y puede compeler a los habitantes al supremo recurso de la resistencia pasiva o de la rebelión.

Como respuesta a esa negación, ha emergido desde 1986 el derecho humano que según la ONU es la medida del respeto de todos los derechos humanos, es decir, el Derecho al Desarrollo que es un derecho humano inalienable cimentado en la igualdad de oportunidades y posibilidades para poder desarrollarse como personas y naciones.

Ese es un derecho humano fundamental del que dimana el deber del Estado de Honduras de formular una política nacional de desarrollo integral, incluyente de todas y todos los habitantes de Honduras y que posibilite su participación activa, libre y significativa y como sujetos centrales, para que puedan realizarse todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, y contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él con el fin de mejorar constantemente el bienestar.

En marzo del 2001, el equipo Universitario de Voluntariado cívico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrado por docentes e investigadores de las diferentes disciplinas del saber con el apoyo de sociedad civil, presentó el planteamiento: “Proyecto de Nación Siglo XXI: Honduras - Una Patria para todos” contentivo de una Propuesta de desarrollo Integral Sostenible de veinte años, para garantizar ”Vida Digna y Seguridad Democrática para la Nación Hondureña”.

Planteamiento orientado al logro de la promoción humana que asegure, a todos los hondureños y hondureñas, el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y, en consecuencia, su derecho al desarrollo individual, familiar, comunitario, local y nacional. El objetivo es afirmar el sentido de pertenencia, de todos los hondureños y hondureñas, a una Patria por todas y todos efectivamente compartida, donde esté asegurada la formación básica y un nivel mínimo de vida digna, y su mejoramiento progresivo en un entorno de seguridad democrática.

Ahí identificamos a la pobreza de la mayoría de nuestra población como la mayor deuda social del Estado y de la sociedad, pero no planteamos su erradicación como política aislada sino que dentro del marco del desarrollo humano integral que buscamos para todas y todos con la generación de condiciones para el bienestar general, a partir de la promoción de la función social de la familia y del municipio y de la prevención y mitigación de desastres. A ese efecto, propusimos medidas afirmativas de erradicación de la pobreza con empleo masivo, seguridad educativa, seguridad en salud, alimentación y habitación; y con eficacia de políticas, programas y del gasto social. Todo lo cual se hizo acompañar de proposiciones sobre el dinamismo y sostenibilidad económica y la seguridad democrática de Honduras, a lograrse con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la puesta en práctica de la responsabilidad compartida de gobernantes y gobernados.

Ese planteamiento se cita como uno de los principales antecedentes del Acuerdo Nacional de Transformación para el Desarrollo Humano en el Siglo XXI concluido, en septiembre del mismo año 2001, entre sociedad civil, partidos políticos y gobierno. Dicho Acuerdo Nacional reconoció la presencia, en la sociedad hondureña, de distintos actores cuya participación se hace necesario lograr para impulsar el proceso de desarrollo humano, en especial los grupos humanos históricamente excluidos de este proceso, tales como los pueblos indígenas, la población negra, las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las adultas y adultos mayores.

En ese Acuerdo se reconoció, una vez más, que hemos avanzado en la construcción de un Estado de Derecho pero que aún no hay vigencia plena de los derechos humanos y que la pobreza y la corrupción son problemas y desafíos que están pendientes de ser resueltos, por lo que se contrajo también el compromiso de establecer una Alianza Nacional de Combate a la Pobreza que aun no se establece pero que urge hacerlo conjuntamente con el objetivo de erradicar la corrupción.

Sobre la base de los anteriores precedentes y para contribuir, con enfoque de derechos humanos, a impulsar el desarrollo integral sostenible, nacional y centroamericano, y a identificar y eliminar progresivamente también las causas estructurales de la pobreza en Honduras y en Centroamérica: es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, creó la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo. Partimos de la evidencia según la que la gestión del Estado democrático, bajo el Imperio del Derecho, demanda que Gobiernos y Gobernados tomen conciencia efectiva del valor y la dignidad de la persona humana como sujeto de su propio desarrollo integrado, y de que el desarrollo de los seres humanos no ocurre en el vacío, sino que se produce en un contexto social preciso y a partir de situaciones concretas en el ámbito territorial local. Situaciones, como la pobreza de la mayoría de la población en Honduras y en otros países centroamericanos, que requieren de un concepto positivo de desarrollo humano integral cuya aplicación proporcione respuesta efectiva al problema de las y los pobres, con su participación activa y productiva.

Ese pensamiento expresado en palabras de desarrollo humano integral, ya está vigente en Honduras y llama a su aplicación en la realidad cotidiana. Concepto propio forjado por nuestra región ístmica, según el que: el desarrollo humano sostenible en Centroamérica debe ser un proceso que tenga como centro y sujeto primordial al ser humano y promueva el cambio progresivo en la calidad de su vida por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, y que se sustente en el equilibrio ecológico y en el soporte vital de la región. Ese proceso de desarrollo implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.

Empoderarnos de ese concepto explícito de desarrollo local, nacional y centroamericano con enfoque de derechos humanos (que ya es parte de nuestro Estado de Derecho) y aplicarlo, nos permitiría estar en relación de conformidad con el contenido del vigente Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, según el que “el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica”.

El Estado de Derecho en Honduras y la Comunidad de Derecho en la región reflejan así las expectativas sociales y prescriben la obligación de avanzar hacia esa visión centroamericana de desarrollo humano y seguridad democrática, resolviendo el problema de las y los pobres y discriminados.

La pobreza y la discriminación es reconocida también, por el nuevo modelo de desarrollo y seguridad democrática, como prueba de un grave estado de atraso y testimonio de desigualdad en Honduras y en la región, y como lesión a la dignidad humana que, junto a la corrupción, se constituyen en amenazas a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de las sociedades y Estados centroamericanos.

Ese modelo de desarrollo sostenible y de seguridad democrática, indica que se debe prevenir y erradicar esas amenazas; en lo atinente a la pobreza, mediante la inversión social que incida significativamente, en particular, en la promoción del capital humano en especial educación, salud y nutrición; en la creación de empleos o trabajos decentes; en la participación de las y los pobres como sujetos activos y soberanos individuales en la sociedad y en el Estado; y en el acceso a los servicios sociales fundamentales, créditos, tierras. Por eso, se prescribe que la adecuación del presupuesto nacional debe estar orientada al beneficio del sector social para mejorar constantemente la calidad de vida de todos los habitantes, con atención especial a las y los pobres, marginados y excluidos por el injusto sistema actual.

La comunidad internacional ha coincidido también con el enfoque centroamericano, entre otros foros, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En 1995, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. En el 2000, en la Declaración del Milenio, en la ONU. Desde el 2001, la Carta Democrática Interamericana consigna que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano, son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia; que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia; y que la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano, erradicar la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos.

No obstante todo lo previsto en el orden jurídico nacional, regional e internacional, y lo recordado reiteradamente por los gobiernos en las cumbres centroamericanas, americanas y mundiales: según informes del 2006, la pobreza en Honduras apenas ha cambiado desde 1998, a pesar del crecimiento económico positivo que se ha producido. Honduras sigue siendo un país de ingresos medios bajos con los indicadores sociales menos significativos de la región de América Latina y el Caribe y con niveles altos de desigualdad expresivos de la condición humana de la mayoría de nuestro pueblo que vive contradictoriamente en la pobreza, exclusión y marginación.

De ahí que, sin perjuicio de sus particularidades, sean un deber y una necesidad imperativa impostergable aplicar, en Honduras, el modelo de desarrollo humano sostenible y de seguridad democrática de Centroamérica, que es conforme con el fin constitucional de la organización de nuestra sociedad como Estado y de su participación en el proceso de integración y mundialización.

En esa perspectiva, se impone formular y aplicar participativamente, una política nacional consecuente, como medio de realización, exigibilidad y control de la promoción, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos de los habitantes; priorizando, en aras de la cohesión social, la atención de las necesidades básicas de vida digna de los hombres y mujeres que viven en situación de pobreza, exclusión y marginación, logrando su inclusión participativa en el esfuerzo colectivo de desarrollo humano sostenible, y asegurando su participación equitativa en los beneficios de ese esfuerzo.

Ante la lacerante situación de injusticia social y de lesión a la dignidad humana de la mayoría de los habitantes de Honduras y Centroamérica que viven en la pobreza, y la urgencia de promover alternativas de solución en el contexto del desarrollo humano sostenible y de seguridad democrática para todas y todos: es de llamar apremiantemente a la ciudadanía activa expresada en nuevas formas de pensar, actuar y de organizarnos en sociedad, nuevas formas de vivir y plantear soluciones innovadoras en lugar de permanecer en las posiciones que nos mantienen en el subdesarrollo y en la injusticia social.

Hemos presentado ya la iniciativa de poner en funcionamiento, en Honduras, un observatorio nacional de cumplimiento de los Derechos Humanos incluyendo el Derecho al Desarrollo; de construir indicadores que nos permitan fijar la línea de base para informar sobre los avances, estancamientos y retrocesos; de activar una red de investigadoras e investigadores especializados sobre los aspectos atinentes al respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, y una red de centros de información y documentación al servicio de la sociedad y del Estado. Esa iniciativa la hemos formulado igualmente en el ámbito y con alcance regional. Pronto estaremos haciendo planteamientos cívicos para seguir contribuyendo con el impulso a la transformación nacional afirmando la democracia, el desarrollo, la paz y la libertad.

En suma, la promoción de la dignidad humana y la defensa de la justicia social en Honduras, exalta nuestra responsabilidad de forjar pensamiento y acción para vivificar nuestro Estado democrático y social de Derecho, uniendo lo científico y la cotidianidad social, en la búsqueda prioritaria, como país, de opciones propias debidamente sustentadas para el desarrollo humano integral y la seguridad democrática de todas y todos los habitantes y, con ese cometido, para la solución de los problemas y la erradicación progresiva de las causas estructurales que mantienen en la pobreza, desigualdad, exclusión y marginación, a la mayoría del pueblo hondureño.



H. Roberto Herrera Cáceres

Coordinador General de la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo (UNAH); Presidente del Instituto de Investigación y Acción Cívica (INAC); Coordinador Nacional de la Unión por la Democracia y el Desarrollo Nacional (UDAL).

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