El BID, las ruinas Mayas de Copan y la destrucción ambiental
En los últimos días las declaraciones del Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle, Ministro de Cultura, señalan como el Estado de Honduras ha solicitado a la UNESCO la remoción del estatus de Patrimonio Mundial que poseen las ruinas arqueológicas de Copán.
Esta iniciativa de la actual administración conllevó a una solemne delegación de ocho miembros del gobierno hasta la sede de la UNESCO en Paris, con el propósito de rescindir de la afiliación de las ruinas a la categoría de Patrimonio Mundial, y así evitar el conflicto de intereses que ha surgidos ante la posición de la UNESCO de criticar la construcción del aeropuerto de Río Amarillo, el cual hace parte del Programa Nacional de Turismo Sostenible, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La UNESCO es enfática sobre los daños que pueden causar la construcción de dicho aeropuerto en las ruinas arqueológicas que se encuentran en las inmediaciones del lugar. Las críticas de parte del organismo internacional han suscitado repudio de parte de los miembros de la administración del Sr. Manuel Zelaya, los que han optado por solicitar a la UNESCO retirar la nominación, sin pensar en las consecuencias a la imagen del país que puede acarrear la decisión gubernamental.
El mismo proyecto de "Turismo Sostenible" del BID financia la infraestructura para el proyecto turístico de Laguna de Micos, en el que se piensa efectuar un relleno de más de 80 hectáreas en un humedal protegido por la Convención RAMSAR. Es de esperar que el Estado de Honduras pida también rescindir ese convenio de protección de los humedales.
Ya para el año el año 2002 -durante la administración de Maduro- el Estado tuvo la desfachatez de enviar un representante de la industria camaronera a la reunión efectuada por RAMSAR en la ciudad de Valencia, España. Este gesto fue considerado como un insulto a los ambientalista reunidos en esa ciudad, los que pusieron en tela de juicio la actitud asumida por el también empresario camaronero Ricardo Maduro.
Mientras tanto el gobierno anuncia la construcción de la Represa Patuca III, para lo cual se obtuvo un financiamiento de parte del gobierno de Taiwan. Incluso los técnicos taiwaneses se encuentran haciendo trabajo in situ, sin que hasta el momento exista la licencia ambiental respectiva.
Hasta el momento la administración del señor Zelaya parece que ha hecho caso omiso de las críticas presentadas por los moradores indígenas del Patuca y los humedales de la Moskitia, los que en la Declaración de Ahuas II pusieron de manifiesto su inconformidad con el proyecto.
Con la estrategia presentada por el Dr. Pastor Fasquelle y su moción a la UNESCO de retirar a las ruinas de Copan de sus lista de Patrimonio Mundial, no es nada raro que el día de mañana se retire Honduras de RAMSAR, y se despoje de los compromisos del Convenio de Biodiversidad, se sacuda del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo( Convenio 169 de la OIT), y nos olvidemos de ratificar el Protocolo de Cartagena, además que le siga la actual administración los pasos al lobo Feroz que el año pasado presentó como plataforma política finiquitar los compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y así poder aplicar la pena de muerte.
Bienvenidos a la Honduras del siglo XXI, donde en nombre del desarrollo se piensa destruir los últimos vestigios de naturaleza y ruinas arqueológicas que existen en el país. Claro, de por medio están los intereses del grupúsculo de finqueros y mercaderes que controlan una de la economías más injustas en cuanto a la distribución de la riqueza a nivel mundial.
La destrucción ecológica del país esta ligada de forma intima con el supuesto desarrollo preconizado por los organismos internacionales, los que poseen un lenguaje esquizofrénico: por un lado prometen vigilar y respaldar las iniciativas ambientales y por el otro incentivan proyectos destructores.
EL BID con su Plan Puebla Panama (ahora Putumayo) es el generador de una futura serie de desastres ambientales, no está lejos de nuestra memoria el bochorno de los derrames del gasoducto de Camisea en el Perú.
Mientras tanto vale reflexionar sobre el verso aquel de Sor Juana Inés de la Cruz que reza:
Quién será más de culpar
aunque cualquiera mal haga:
La que peca por la paga,
o el que paga por pecar?”
¿Acaso serán los culpables nuestros funcionarios retrógrados? o el BID que es el ente financiero de la destrucción.
Esta iniciativa de la actual administración conllevó a una solemne delegación de ocho miembros del gobierno hasta la sede de la UNESCO en Paris, con el propósito de rescindir de la afiliación de las ruinas a la categoría de Patrimonio Mundial, y así evitar el conflicto de intereses que ha surgidos ante la posición de la UNESCO de criticar la construcción del aeropuerto de Río Amarillo, el cual hace parte del Programa Nacional de Turismo Sostenible, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La UNESCO es enfática sobre los daños que pueden causar la construcción de dicho aeropuerto en las ruinas arqueológicas que se encuentran en las inmediaciones del lugar. Las críticas de parte del organismo internacional han suscitado repudio de parte de los miembros de la administración del Sr. Manuel Zelaya, los que han optado por solicitar a la UNESCO retirar la nominación, sin pensar en las consecuencias a la imagen del país que puede acarrear la decisión gubernamental.
El mismo proyecto de "Turismo Sostenible" del BID financia la infraestructura para el proyecto turístico de Laguna de Micos, en el que se piensa efectuar un relleno de más de 80 hectáreas en un humedal protegido por la Convención RAMSAR. Es de esperar que el Estado de Honduras pida también rescindir ese convenio de protección de los humedales.
Ya para el año el año 2002 -durante la administración de Maduro- el Estado tuvo la desfachatez de enviar un representante de la industria camaronera a la reunión efectuada por RAMSAR en la ciudad de Valencia, España. Este gesto fue considerado como un insulto a los ambientalista reunidos en esa ciudad, los que pusieron en tela de juicio la actitud asumida por el también empresario camaronero Ricardo Maduro.
Mientras tanto el gobierno anuncia la construcción de la Represa Patuca III, para lo cual se obtuvo un financiamiento de parte del gobierno de Taiwan. Incluso los técnicos taiwaneses se encuentran haciendo trabajo in situ, sin que hasta el momento exista la licencia ambiental respectiva.
Hasta el momento la administración del señor Zelaya parece que ha hecho caso omiso de las críticas presentadas por los moradores indígenas del Patuca y los humedales de la Moskitia, los que en la Declaración de Ahuas II pusieron de manifiesto su inconformidad con el proyecto.
Con la estrategia presentada por el Dr. Pastor Fasquelle y su moción a la UNESCO de retirar a las ruinas de Copan de sus lista de Patrimonio Mundial, no es nada raro que el día de mañana se retire Honduras de RAMSAR, y se despoje de los compromisos del Convenio de Biodiversidad, se sacuda del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo( Convenio 169 de la OIT), y nos olvidemos de ratificar el Protocolo de Cartagena, además que le siga la actual administración los pasos al lobo Feroz que el año pasado presentó como plataforma política finiquitar los compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y así poder aplicar la pena de muerte.
Bienvenidos a la Honduras del siglo XXI, donde en nombre del desarrollo se piensa destruir los últimos vestigios de naturaleza y ruinas arqueológicas que existen en el país. Claro, de por medio están los intereses del grupúsculo de finqueros y mercaderes que controlan una de la economías más injustas en cuanto a la distribución de la riqueza a nivel mundial.
La destrucción ecológica del país esta ligada de forma intima con el supuesto desarrollo preconizado por los organismos internacionales, los que poseen un lenguaje esquizofrénico: por un lado prometen vigilar y respaldar las iniciativas ambientales y por el otro incentivan proyectos destructores.
EL BID con su Plan Puebla Panama (ahora Putumayo) es el generador de una futura serie de desastres ambientales, no está lejos de nuestra memoria el bochorno de los derrames del gasoducto de Camisea en el Perú.
Mientras tanto vale reflexionar sobre el verso aquel de Sor Juana Inés de la Cruz que reza:
Quién será más de culpar
aunque cualquiera mal haga:
La que peca por la paga,
o el que paga por pecar?”
¿Acaso serán los culpables nuestros funcionarios retrógrados? o el BID que es el ente financiero de la destrucción.
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