Presidente Zelaya: responsable de la vida de periodistas de revistazo
| 05 Dec 2006 05:25 pm |
| Por: Revistazo.com |
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El alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya tiene conocimiento del asesinato del abogado Dionisio Díaz García y de las amenazas a muerte de que son objeto los periodistas de revistazo.com por divulgar información referente a los abusos de las empresas de seguridad privada, principalmente de Delta y SETECH.
Tegucigalpa .- Diversos sectores de la Sociedad Civil condenaron este martes el asesinato del abogado laboralista Dionisio Díaz García y responsabilizaron al presidente Manuel Zelaya Rosales de cualquier atentado contra la vida de los periodistas Dina Meza, Rosa Morazán, Claudia Mendoza y Robert Marín García, así como de sus familiares.
Díaz García, fue un reconocido profesional del derecho. Logró coronar su carrera después de laborar como conserje. Conoció desde muy joven el abuso de que son víctimas los marginados, por eso uno de sus esfuerzos, según contaba a sus amigos, era dar asistencia legal a los pobres, sin esperar nada a cambio.
En su gremio lo querían y lo respetaban. En los lugares, como la Secretaría del Trabajo y los Tribunales, donde acudió a buscar justicia para los oprimidos, aún recuerdan su afable saludo “buenas, buenas, buenas”, irradiando una contagiosa sonrisa.
“Es que yo así soy” dijo hasta el momento en que dos sicarios le quitaron la vida el pasado lunes, cuando se dirigía a ver cómo marchaban una docena de demandas que llevaba en los juzgados del trabajo en representación de guardias de la empresa Delta Security Service y Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), negocios relacionados.
Díaz García, trabajaba en el proyecto laboral que impulsa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en beneficio de aquellos grupos vulnerables, como son guardias de seguridad de empresas privadas, trabajadores de comidas rápidas, a quienes en este mundo moderno, se les esclaviza y se les atropella, en sus más mínimos derechos laborales.
Amenazados
Por denunciar este tipo de arbitrariedades, Díaz García y los periodistas antes mencionados, quienes laboran en revistazo.com, hace unos tres meses comenzaron a ser perseguidos y amenazados a muerte cada vez que publicaban investigaciones realizadas sobre la forma de operar de la empresa Delta y SETECH.
Los seguimientos fueron realizados por el jefe de operaciones de SETECH Roger Medina, por Carlos Aguilar, supuesto investigador contratado por la empresa y por Donaldo Burque, todos ex agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).
El asesinato de Díaz García conmocionó a la sociedad hondureña y a organismos de la cooperación internacional, quienes reaccionaron indignados.
La coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos (COFADEH), Bertha Oliva manifestó, en conferencia de prensa, su indignación, preocupación e impotencia frente a este tipo de hechos. Recordó que los escuadrones de la muerte siguen operando en la actualidad tal como lo hicieron en los años 80.
“Las circunstancias son distintas, ahora es peor, “porque antes había a quién señalar, pero ahora no se sabe a quién”, dijo la defensora de los derechos humanos recordando que Díaz García y los periodistas amenazados acudieron en busca de protección al COFADEH, de donde se pasó la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Responsabilidad
Asimismo explicó que se solicitó protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que dirige Ramón Custodio, también el caso ya es conocido por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y por el Alto Comisionado del Mandato de Mercenarios de la ONU.
“Hoy ninguna autoridad nacional e internacional podría decir que desconocía el caso. Condenamos y responsabilizamos al presidente (Manuel Zelaya Rosales) de cualquier atentado contra la vida de la periodista Dina Meza, Robert Marín García, Rosa Morazán y Claudia Mendoza”.
La responsabilidad es porque la empresa Delta o SETECH dependen del Poder Ejecutivo, al recibir una serie de contratos por alrededor de 63 millones de lempiras por prestar servicio de vigilancia en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), en la Secretaría de Educación, Salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Estado es el responsable de tutelar el derecho al trabajo- un derecho humano de segunda generación- pero al contratar a estas empresas violadoras de los derechos laborales de los guardias, se coloca en calidad de cómplice de estas empresas quedando expuesto a demandas a nivel nacional e internacional.
También responsabilizó al Presidente de la República de lo que le pueda pasar a los demás empleados de la ASJ , quienes también han sido víctimas de las intimidaciones cada vez que se publica una nota en revistazo.com contra Delta y SETECH.
Por su parte el presidente de la ASJ, Carlos Hernández dijo que esta institución continuará con la búsqueda de justicia que inició desde 1998, en favor de grupos vulnerables en el país.
Hernández manifestó que los malos son pocos y los buenos muchos, por lo tanto debemos unir esfuerzos para lograr el castigo para los responsables del asesinato de Díaz García.
Hernández citó el salmo 10 versículo uno y dos: "Por qué estás lejos, oh Jehová?Y te escondes en el tiempo de la tribulación?Con arrogancia el malo persigue al pobre;Será atrapado en los artificios que ha ideado".
Licencia
El COFADEH solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad, responsable de registrar y supervisar a las empresas de seguridad privada para que le suspendan inmediatamente la licencia a Delta y SETECH hasta que se aclare la muerte de Díaz García, aseguró.
CONADEH reacciona hasta que hay muertos
Por su parte la periodista Dina Meza, denunció que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desestimó la solicitud de protección que hizo Díaz García y los periodistas amenazados, remitiéndolos a que presentarán la denuncia en la DGIC a donde ellos se apersonarían posteriormente.
“Si el Comisionado hubiera cumplido con su trabajo, Díaz García estaría vivo”, sostuvo Meza. Después de la muerte de Díaz García, personal de esa entidad supuestamente defensora de los derechos humanos de los hondureños, llamaron a los periodistas amenazados para que fueran ampliar su declaración sobre el caso.
La acción del CONADEH refleja que no es más que otro aparato burocrático del gobierno que no sirve para nada, como lo son las fiscalías del Ministerio Público, criticaron varios presentes en la cita.
Ennoblecimiento
Por su parte del abogado Mauricio Aguilar, asesor de la ASJ, sostuvo que “el hecho criminal y cobarde contra nuestro compañero, no solo responde a los abusos de los derechos laborales de los guardias, sino también alrededor de la legalidad y existencia de estas empresas de seguridad”.
Díaz García trabaja también para que el Estado emitiera una resolución donde al momento de contratar servicios de seguridad privada, se les exigiera a las compañías participantes en las licitaciones que presenten constancia de no tener cuentas pendientes con sus trabajadores en la Secretaría del Trabajo y en los juzgados laborales.
“Nuestro compañero encabezaba una lucha muy amplia, buscaba también desenmascarar esas cuasimafias que operan con la complicidad del Estado”, sostuvo.
“La muerte del compañero Dionisio Díaz García, desde nuestro esfuerzo vamos a ennoblecerla. No vamos a retroceder ni un paso, seremos consecuentes con la labor que el impulsaba”, sostuvo Aguilar.
Atrocidad
El caso de Díaz García es un “crimen atroz”. Quién iba a pensar que se le iba a violentar el derecho a la vida de una persona tan bella como Dionisio. No es cualquier muerte, es una pérdida para Honduras” manifestó el abogado Aníbal Puerto.
Esta es una consecuencia de la impunidad de los años 80. Esto es el producto de los militares genocidas, que en vez de estar en la cárcel, salieron de los batallones y comenzaron a formar empresas de seguridad contratando a ex soldados para explotarlos.
“Honduras no puede seguir perdiendo a sus mejores hijos, tiene que haber justicia. El asesinato de Díaz García no es mala percepción es una realidad”, catalogó.
Acudieron a la conferencia representantes de diversos sectores de la sociedad civil, como el COFADEH, del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT), del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), del Colegios de Abogados, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), entre otras.
Los representantes de estas organizaciones exigieron al presidente Manuel Zelaya Rosales velar por la vida de los trabajadores de la Asociación para una Sociedad más Justa, de los periodistas de revistazo, amenazados, así como de sus familiares.
Al mismo tiempo, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Trabajo auditar a las empresas de seguridad privada violadoras de los derechos laborales de sus guardias, como el caso de SETECH, para quienes pidieron un fuerte castigo y de encontrarse involucrada en el asesinato de Díaz García, la suspensión de la licencia de forma inmediata y el encarcelamiento de los responsables.
Representantes de la cooperación internacional, como la Irlandesa a través de Trocaire, la sueca, Danchurch AID (DCA) y la red Probidad acudió a la Conferencia de Prensa y repudiaron el asesinato de Díaz García exigiendo al Estado hondureño aclarar el hecho y proteger a las personas que están amenazadas a muerte.
Díaz García, fue un reconocido profesional del derecho. Logró coronar su carrera después de laborar como conserje. Conoció desde muy joven el abuso de que son víctimas los marginados, por eso uno de sus esfuerzos, según contaba a sus amigos, era dar asistencia legal a los pobres, sin esperar nada a cambio.
En su gremio lo querían y lo respetaban. En los lugares, como la Secretaría del Trabajo y los Tribunales, donde acudió a buscar justicia para los oprimidos, aún recuerdan su afable saludo “buenas, buenas, buenas”, irradiando una contagiosa sonrisa.
“Es que yo así soy” dijo hasta el momento en que dos sicarios le quitaron la vida el pasado lunes, cuando se dirigía a ver cómo marchaban una docena de demandas que llevaba en los juzgados del trabajo en representación de guardias de la empresa Delta Security Service y Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), negocios relacionados.
Díaz García, trabajaba en el proyecto laboral que impulsa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en beneficio de aquellos grupos vulnerables, como son guardias de seguridad de empresas privadas, trabajadores de comidas rápidas, a quienes en este mundo moderno, se les esclaviza y se les atropella, en sus más mínimos derechos laborales.
Amenazados
Por denunciar este tipo de arbitrariedades, Díaz García y los periodistas antes mencionados, quienes laboran en revistazo.com, hace unos tres meses comenzaron a ser perseguidos y amenazados a muerte cada vez que publicaban investigaciones realizadas sobre la forma de operar de la empresa Delta y SETECH.
Los seguimientos fueron realizados por el jefe de operaciones de SETECH Roger Medina, por Carlos Aguilar, supuesto investigador contratado por la empresa y por Donaldo Burque, todos ex agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).
La coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos (COFADEH), Bertha Oliva manifestó, en conferencia de prensa, su indignación, preocupación e impotencia frente a este tipo de hechos. Recordó que los escuadrones de la muerte siguen operando en la actualidad tal como lo hicieron en los años 80.
“Las circunstancias son distintas, ahora es peor, “porque antes había a quién señalar, pero ahora no se sabe a quién”, dijo la defensora de los derechos humanos recordando que Díaz García y los periodistas amenazados acudieron en busca de protección al COFADEH, de donde se pasó la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos.
Responsabilidad
Asimismo explicó que se solicitó protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que dirige Ramón Custodio, también el caso ya es conocido por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y por el Alto Comisionado del Mandato de Mercenarios de la ONU.
“Hoy ninguna autoridad nacional e internacional podría decir que desconocía el caso. Condenamos y responsabilizamos al presidente (Manuel Zelaya Rosales) de cualquier atentado contra la vida de la periodista Dina Meza, Robert Marín García, Rosa Morazán y Claudia Mendoza”.
La responsabilidad es porque la empresa Delta o SETECH dependen del Poder Ejecutivo, al recibir una serie de contratos por alrededor de 63 millones de lempiras por prestar servicio de vigilancia en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), en la Secretaría de Educación, Salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Estado es el responsable de tutelar el derecho al trabajo- un derecho humano de segunda generación- pero al contratar a estas empresas violadoras de los derechos laborales de los guardias, se coloca en calidad de cómplice de estas empresas quedando expuesto a demandas a nivel nacional e internacional.
También responsabilizó al Presidente de la República de lo que le pueda pasar a los demás empleados de la ASJ , quienes también han sido víctimas de las intimidaciones cada vez que se publica una nota en revistazo.com contra Delta y SETECH.
Por su parte el presidente de la ASJ, Carlos Hernández dijo que esta institución continuará con la búsqueda de justicia que inició desde 1998, en favor de grupos vulnerables en el país.
Hernández manifestó que los malos son pocos y los buenos muchos, por lo tanto debemos unir esfuerzos para lograr el castigo para los responsables del asesinato de Díaz García.
Hernández citó el salmo 10 versículo uno y dos: "Por qué estás lejos, oh Jehová?Y te escondes en el tiempo de la tribulación?Con arrogancia el malo persigue al pobre;Será atrapado en los artificios que ha ideado".
Licencia
El COFADEH solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad, responsable de registrar y supervisar a las empresas de seguridad privada para que le suspendan inmediatamente la licencia a Delta y SETECH hasta que se aclare la muerte de Díaz García, aseguró.
CONADEH reacciona hasta que hay muertos
Por su parte la periodista Dina Meza, denunció que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desestimó la solicitud de protección que hizo Díaz García y los periodistas amenazados, remitiéndolos a que presentarán la denuncia en la DGIC a donde ellos se apersonarían posteriormente.
“Si el Comisionado hubiera cumplido con su trabajo, Díaz García estaría vivo”, sostuvo Meza. Después de la muerte de Díaz García, personal de esa entidad supuestamente defensora de los derechos humanos de los hondureños, llamaron a los periodistas amenazados para que fueran ampliar su declaración sobre el caso.
La acción del CONADEH refleja que no es más que otro aparato burocrático del gobierno que no sirve para nada, como lo son las fiscalías del Ministerio Público, criticaron varios presentes en la cita.
Ennoblecimiento
Por su parte del abogado Mauricio Aguilar, asesor de la ASJ, sostuvo que “el hecho criminal y cobarde contra nuestro compañero, no solo responde a los abusos de los derechos laborales de los guardias, sino también alrededor de la legalidad y existencia de estas empresas de seguridad”.
Díaz García trabaja también para que el Estado emitiera una resolución donde al momento de contratar servicios de seguridad privada, se les exigiera a las compañías participantes en las licitaciones que presenten constancia de no tener cuentas pendientes con sus trabajadores en la Secretaría del Trabajo y en los juzgados laborales.
“Nuestro compañero encabezaba una lucha muy amplia, buscaba también desenmascarar esas cuasimafias que operan con la complicidad del Estado”, sostuvo.
“La muerte del compañero Dionisio Díaz García, desde nuestro esfuerzo vamos a ennoblecerla. No vamos a retroceder ni un paso, seremos consecuentes con la labor que el impulsaba”, sostuvo Aguilar.
Atrocidad
El caso de Díaz García es un “crimen atroz”. Quién iba a pensar que se le iba a violentar el derecho a la vida de una persona tan bella como Dionisio. No es cualquier muerte, es una pérdida para Honduras” manifestó el abogado Aníbal Puerto.
Esta es una consecuencia de la impunidad de los años 80. Esto es el producto de los militares genocidas, que en vez de estar en la cárcel, salieron de los batallones y comenzaron a formar empresas de seguridad contratando a ex soldados para explotarlos.
“Honduras no puede seguir perdiendo a sus mejores hijos, tiene que haber justicia. El asesinato de Díaz García no es mala percepción es una realidad”, catalogó.
Acudieron a la conferencia representantes de diversos sectores de la sociedad civil, como el COFADEH, del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT), del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), del Colegios de Abogados, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), entre otras.
Los representantes de estas organizaciones exigieron al presidente Manuel Zelaya Rosales velar por la vida de los trabajadores de la Asociación para una Sociedad más Justa, de los periodistas de revistazo, amenazados, así como de sus familiares.
Al mismo tiempo, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Trabajo auditar a las empresas de seguridad privada violadoras de los derechos laborales de sus guardias, como el caso de SETECH, para quienes pidieron un fuerte castigo y de encontrarse involucrada en el asesinato de Díaz García, la suspensión de la licencia de forma inmediata y el encarcelamiento de los responsables.
Representantes de la cooperación internacional, como la Irlandesa a través de Trocaire, la sueca, Danchurch AID (DCA) y la red Probidad acudió a la Conferencia de Prensa y repudiaron el asesinato de Díaz García exigiendo al Estado hondureño aclarar el hecho y proteger a las personas que están amenazadas a muerte.
posted by Investigador @ 16:52
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