26 abril 2006

Ley de Transparencia

CARTA PÚBLICA

De: Manuel Torres Calderón, miembro de C-Libre
A: Quienes luchan a favor de una buena Ley de Acceso a la Información Pública (de Transparencia)

De acuerdo con la comunicación que nos hizo llegar Félix Molina, el 12 de abril pasado se concluyó la redacción del Dictamen, presuntamente final, para la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La lectura del documento motivó en mi condición de Periodista y Ciudadano una reflexión que deseo compartir con mis amigos y amigas, sin otra pretensión que pensar en voz alta. No me referiré a los diputados firmantes del Dictamen, ni a las motivaciones reales que varios de ellos pudieron tener para formar parte de esa comisión. Al respecto me limito a señalar, recurriendo a la sabiduría popular, que “no están todos los que son, ni son todos los que están”.


Basta leer algunos de los nombres para sorprenderse de su aparición dado que sus antecedentes públicos distan de haber sido transparentes. Otros, en cambio, han tratado de mantener una conducta coherente con los principios y valores éticos de la honestidad. La mezcla, sin embargo, no sorprende.


Como sabemos, el primer paso para la formulación de normas es la Iniciativa de Ley y nuestra Constitución de la República concede esta facultad a los diputados al Congreso Nacional, al Presidente de la República por medio de los Secretarios de Estado, a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Superior Electoral en materias de su competencia.


En el estado actual de nuestra democracia, el derecho a la Iniciativa de Ley no se otorga a los ciudadanos o ciudadanas particulares, ni a las organizaciones sociales, lo que implica que cuando tienen una propuesta concreta debe canalizarse a través de uno o más legisladores y someterse así, con suerte, a discusión y aprobación en el pleno del Congreso Nacional.


Ese camino puede ser muy largo o muy corto dependiendo de los alcances de la iniciativa e intereses a los que responda. De acuerdo con los textos jurídicos, la Ley es la manifestación de la voluntad del pueblo en un tema determinado, pero, infortunadamente, en nuestro país la mayoría de las leyes surgen como un medio para fortalecer los intereses y privilegios de grupos poderosos.


Así, mientras el camino para la Ley de Acceso a la Información Pública, conocida ahora como Ley de Transparencia, ha sido largísimo, para otras, como las que facilitaron la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio con EEUU, ha sido corto.


El trabajo impulsado por C-Libre de motivación y redacción del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública ha transcurrido tres gobiernos, dos de ellos liberales y uno nacionalista. Buena parte de los esfuerzos de incidencia se concentraron en el pasado Congreso Nacional (2002-2006) encabezado por Porfirio Lobo, quien, una y otra vez, falló a su compromiso público de aprobarla y desperdició, con ello, una oportunidad histórica a favor de la democratización de Honduras.


En ese período, la indiferencia del ex Presidente Ricardo Maduro y de sus ministros con respecto a la propuesta se terminó convirtiendo en complicidad con quienes se han opuesto férreamente a su aprobación. De hecho, en esa administración se ocultó que la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública formaba parte de los compromisos (condicionalidades) pactadas con el Banco Mundial. Los de C-Libre nos enteramos de ese “detalle” en la sede del Banco Mundial en Washington, y no en Tegucigalpa.


Más allá de las razones políticas, empresariales e ideológicas de Lobo y Maduro que explican su conducta, lo que se puso en evidencia fue la inexistencia de un Estado apto para canalizar la participación ciudadana. Lo importante de subrayar es que ese Estado debe crearse porque aún no existe.


El triunfo electoral del Partido Liberal y la propuesta de “Poder Ciudadano”, formulada por el ahora Presidente Manuel Zelaya Rosales, no representan “automáticamente” un cambio radical en la visión que desde el Estado se tiene con respecto a la ciudadanía, pero sí abren espacio para un debate que ha sido postergado desde el retorno al orden constitucional en 1982.


El cambio esperado podrá darse sólo entendiendo que la participación ciudadana redefine la relación entre el Estado y el individuo como de cooperación, no de dependencia o subordinación. Se trata, más bien, de que la ciudadanía recupere un Estado que financia y sostiene, pero que le fue arrebatado por una cleptocracia que lo
mantiene secuestrado. Ese es el punto medular de este conflicto generado alrededor de la propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.


Lo que perfila con nitidez la oposición a la ley no es la radicalidad de su contenido, sino el conservadurismo extremo de quienes tienen el poder o se lucran del mismo en Honduras, alérgicos a cualquier reforma o apertura que consideren ponga en riesgo sus beneficios particulares o de grupo.
Eso explica que una de las peticiones del Colegio de Periodistas a los dictaminadores fue que el acceso a la información pública no incluya los contratos de publicidad.


En el proceso, entonces, el trasfondo que explica el ir y venir de la Ley no ha sido de técnica legislativa, sino de voluntad política.

El proyecto de Ley pudo haber sido el más perfecto de todos y aún así enfrentaría la misma oposición que ha tenido. Tampoco es que esta Ley, una vez aprobada, cambiará las reglas del juego y será la chispa de una transformación radical de nuestro país; de hecho, son muchas las naciones de América Latina donde una legislación de ese tipo está vigente y la corrupción pública – lamentablemente- sigue impune.


Entonces ¿Por qué tanto rechazo de los poderes fácticos? ¿Por qué tanta zancadilla y cinismo?. La respuesta, quizás, es que ellos saben mejor que nosotros el valor de sentar un precedente y la importancia de abrir un postigo para enterarnos de lo que pasa tras los muros del Estado. Por eso ven en esta ley una amenaza desproporcionada; por eso la atacan despiadadamente.


Sin duda, la democracia no se reduce a ideas o procedimientos, pero coincidamos en que no se podrá impulsar sin ideas y procedimientos; de ahí que sea falso el argumento de que en Honduras ya no ocupamos más leyes porque tenemos de sobra. El problema, y esto suele obviarse, no es la abundancia de leyes, sino su incumplimiento deliberado por parte de quienes las aprueban y tienen la responsabilidad de ejecutarlas. La única manera para que la Ley de Transparencia no vaya a parar al cementerio de lo inservible es que la garantía de su cumplimiento no descanse en el Estado o en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que es el órgano jurisdiccional de la misma, sino en la sociedad hondureña.


Es la propia población la que debe luchar por su aprobación y cumplimiento. Eso, desde luego, tiene un costo e implica riesgos porque el autoritarismo de la corrupción no perdona a quienes se oponen a sus ambiciones, pero no hay otra opción.

Luchar por una verdadera democracia en Honduras o en cualquier país del mundo no garantiza la vida apacible para nadie. Ahora estamos a las puertas de la aprobación de la Ley y el desafío inmediato es enfrentar la reacción de quienes sin poder detenerla, quieren debilitarla o desvirtuarla. Ellos no descansan y conocen al dedillo – porque son sus creadores- los procedimientos para confeccionar las leyes a su gusto. Si no es en el Dictamen, lo intentarán de nuevo en el plenario, en la elaboración del Reglamento e, incluso, en el texto a publicarse en La Gaceta.


Por eso, los buenos diputados (que los hay), la Alianza 72, C-Libre, la cooperación internacional y todos los que apoyen esta iniciativa debemos defender, en este momento clave y en cualquier sitio donde cada quien se encuentre y trabaje, nuestras propias convicciones y la calidad de la Ley.


Si la democracia es el gobierno participativo y el gobierno de lo público entonces la transparencia y el acceso efectivo y real a la información pública es una condición indispensable para alcanzarla.
Todos deseamos que esta Ley marque una frontera en la progresividad del derecho en Honduras, al igual que otras que han sido retenidas y se encuentran en discusión.


Si lograr su aprobación es un desafío colosal, ponerla en práctica y que la gente se apropie de ella demandará un esfuerzo mayor. Será, como la libertad de expresión, una batalla diaria, cotidiana, permanente y sacrificada porque el autoritarismo al que enfrentamos no tiene historia en materia de rendición de cuentas. La historia está por escribirse.


Finalmente, con este esfuerzo, de luchadores públicos y anónimos, se trata de levantar el umbral de la democracia y de los derechos humanos, de abrir nuevas oportunidades para reducir la pobreza y las desigualdades que ofenden permanentemente la dignidad humana.

Se trata, en definitiva, de ocuparnos de la equidad, de que los pueblos exijan a los gobiernos los derechos que les corresponden y construir una Honduras diferente. Tenemos derecho a soñar en ella ¿o no?

Tegucigalpa, 2006-04-18

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