La “Censura Sutil”: ¿un nuevo paradigma?

Convengamos que tiene poco de sutil cortarle el teléfono a un medio de comunicación porque denuncia, como se alega que hizo el ex de Hondutel, Chimirri, cuando una radio denunció que había ido en helicóptero de la FF.AA. a ver un partido de futbol en La Ceiba. Eso es otro abuso de autoridad y una majadería, muy característica, también trató de aterrizar un helicóptero en medio de las estelas de la Plaza de Copán. Y nada tiene de nuevo pero cuando los medios son dependientes de la publicidad oficial, que no deberían serlo, la suspensión de los contratos, en represalia por la crítica, puede convertirse en asunto de sobrevivencia.

Ocurre empero que, a medida que uno envejece, va perdiendo contacto con la moda, que no es lo mismo que la realidad y, mientras no llega el Alzheimer´s, tiene cada vez más recuerdos pertinentes. Yo recuerdo aun cuando no era tan “sutil” la censura y los gobiernos militares cerraron La Prensa antigua y nos amenazaban (“que te van a joder”) y a mi compañero de página editorial en Diario Tiempo, M. Ángel Pavón, lo acribillaron a balazos un buen mediodía y a otros los sopapeaban. Y he sido fiel al final porque me consta que, bajo diferentes gobiernos liberales y cachurecos desde tiempos de Azcona, Tiempo ha resistido el costo, en términos de publicidad oficial cancelada, que le han significado mis personales críticas a los gobiernos de turno. Nada sutiles tampoco. ¿Podría ser genuina la libertad que no costara nada? Hoy día pareciera que importa menos lo que uno dice en la prensa. ¿Acaso los poderosos confían en su capacidad de “spin” control? Y es a los fiscales que luchan contra la corrupción que buscan matar. Eso es censura también y de lo mas burda.

Y por eso a estos nuevos informes sobre “censura sutil” a los medios de comunicación hay que secarles una lágrima, ponerles algo de sal. Y otro poco de pimienta. Porque resulta un poco raro, especialmente en el contexto actual, en que se ha pretendido cercar al gobierno desde la “industria de la comunicación”, ignorarlo cuando no se le puede atacar, que se venga a exigir que reparta el gobierno de “manera equitativa” sus recursos publicitarios entre sus enemigos, para favorecer “la libertad de expresión” y sin que se mencione la extorsión que esos mismos medios han ejercido para conseguir otro tipo de favores y que los periodistas individuales han usado para conseguir contratos. (¿Hay que lamer o besar la mano que te azota?). E igual de bizarro parece que, en aras de “la libertad de información”, los autores de estos Informes tomen partido a favor de los medios y contra el gobierno en cuanto a la exigencia de espacio (por medio de cadenas) para la divulgación de información pública pertinente que se ha querido silenciar.

Abstenerse de engordar más a los reyes de los medios de oposición puede ser “injusto” desde su gula y perspectiva, pero no es abuso ni corrupción si no legítima prerrogativa del administrador. Porque además hay que recordar que los que se están quejando y en guerra son los gordos y la publicidad oficial ha favorecido en cambio a los pequeños. Y al parecer son los gordos los que están exigiendo que se legisle para garantizarles una parte alícuota del pastel además de las exenciones fiscales y tantos otros beneficios.

Sin embargo, eso es efectivamente, con la cara dura, un discurso refinado y autores internacionales, lo que vienen a reclamar los dos Informes auspiciados por organizaciones internacionales de la Sociedad Civil, con la bendición del Consejo Nacional contra la Corrupción: que ¡el gobierno es injusto porque no apoya a quien lo ataca! Entiendo que en un mundo ideal se podría hacer a un lado la consideración política y seguir, desde el poder, el precepto de poner la otra mejilla como predican (y no quiero ofender) los clérigos que conforman El Consejo. No hay que renunciar a los ideales. Pero, hablando en cristiano, debo confesar que francamente el extremismo normativo que ya estaba superado cuando se empezó a estudiar de manera sistemática a la política en el siglo XVI, me parece aquí insólito y maniqueo. Porque también podría haber un tipo de corrupción en semejante calaña de ingenuidad, en eso raya.

La información registrada obliga a un análisis digamos que un poco más realista y útil. Hay otros hallazgos de estos informes que deberían destacar en vez de soslayarse, porque son ellos si indicios de corrupción. Ciertamente, la pretensión --documentada— de un ministro de “centralizar la publicidad del gobierno” a través de su despacho personal se deslizaba en esa dirección y es sintomático que pretenda negarlo el aludido. (No olvido su asombro cuando descubrió que la totalidad del presupuesto de publicidad de la SCAD no alcanzaba a pagar uno solo de los spots de televisión que él compraba por docenas diarias). El monto de la publicidad gubernamental debería de estar vigilado de mejor forma y por supuesto que reglamentado por estas otras razones. Y especialmente para prevenir su abuso para fines de campaña política.

Uno no puede saber, cuando mira la foto de Ricardo Álvarez o su amigo Elvin destacada en los periódicos, por su cumpleaños, si se felicita al “ex” candidato o al responsable de un organismo público. Ni se sabe cuándo el Chele Mitch sale en un spot televisivo de El Congreso Nacional (como antes salía Lobo quien, por lo mismo, no puede cuestionarlo) para visibilizar el aporte de esa institución egregia a la Seguridad, si nos habla el Presidente de ese Poder (conformado por diputados de todos los partidos) al que se quiere felicitar por su labor o si se ufana de un logro personal el precandidato de una corriente.

Pero está claro que paga el pobre pueblo de Honduras. Y eso no debe ser. Cada centavo utilizado para levantar la imagen política de un aspirante de esa manera es reparable. Pero esa mala costumbre no parece preocupar a los autores de estos “Informes” si no el lucro cesante de los príncipes de la industria de comunicación cuando no son favorecidos por el contrato del Estado. ¿Quién se esconde detrás?

Yo tengo mis dudas con respecto a la obligación del gobierno de pagar publicidad para dar a conocer sus obras y “logros”. Es una tradición latinoamericana arraigada pero no es universal ni propia de los países desarrollados a los que tanto admiramos y como funcionario, no pago, ni siquiera en el “Poder Ciudadano” y no encuentro que me afecte el silencio. Si las obras no sirven o no son significativas, más bien deben reclamarlo los medios. Si son de utilidad pública los medios están obligados a “cubrir” la información que es de interés general y particular de sus beneficiarios. Por eso, en este último ciclo electoral, abanderé el lema de “Cero Publicidad” del que no sé porqué nadie hizo eco. Porque si el público tiene derecho a ser adecuadamente informado ¿Cómo podría lucrarse de esa obligación la industria que usufructúa el espectro radioeléctrico, las ondas hertzianas o los derechos públicos de imprenta?.