El derecho constitucional a elegir y a ser electo

Para que los ciudadanos participen en las elecciones y en la vida cívica, hay que reformar las trampas de la Ley Electoral que varios (ciudadanos de distintos partidos) hemos denunciado, primero hace cuatro años ante el Comisionado de los Derechos Humanos, como ahora ante La Corte Suprema de Justicia, la semana pasada. Dos artículos de esa ley exigen que, para optar a cualquier puesto en la lista electoral, no solo de Presidente, diputado o alcalde, si no también para regidor o consejero, los ciudadanos tienen que recibir el aval de un movimiento político, que lo pueda inscribir. Así, en nombre de esos colectivos sospechosos, los jefes de movimientos tienen un control exclusivo de las nominaciones y ponen a cada candidato su fiero en el anca.

Cuando la semana pasada trascendió la noticia de nuestro recurso ante La Corte Suprema protestando la inconstitucionalidad de esos artículos de La Ley, el actual Presidente de El Congreso declaró a la prensa que con ello se pretendía “cambiar el sistema político” y que “él no lo permitirá”. Curioso. Primero porque tiene razón; se pretende democratizar el sistema para permitir que la gente participe sin tener que complacer a los jefes (ya no les digo siempre “capos” porque se ofenden) o cabecillas de los movimientos. Y segundo porque no esta en sus manos impedirlo aunque puede dictaminar el asunto. Pero también porque él Presidente piensa –evidentemente- que su papel es impedir o evitar que el sistema político cambie. (¿De verdad no debería nunca de cambiar, aun y cuando estén a la vista sus deficiencias?) ¿Qué habrá pasado con la historia? El problema es toral y actual. Hace años que sabemos y decimos que el sistema publico se ha debilitado, que ha perdido legitimidad porque “no es representativo” porque pocos participan.

Los politólogos y los adeptos del sistema político se quejan de la “falta de participación ciudadana” y nos dicen que hay que incitar a la gente a participar. Pero nadie indaga por que no participa y se plantean solo paliativos. Mientras por otra parte, los cabecillas obstaculizan la participación fuera de sus movimientos y anuncian que van a “impedir los cambios”. El sistema es cínico.

Así se divulgan a diario y ampliamente las noticias en que los mas renombrados lideres políticos anuncian públicamente que, a raíz de una negociación, alianza o adhesión, el cabecilla fulano, mengano o perencejo “les ha dado tantos puestos en las planillas” de distintos departamentos o tantas alcaldías, como si fueran suyas, como en efecto son, para repartir entre sus huestes respectivas las listas de puestos, y –después- prometen los cargos ministeriales como complementos.

Sin ningún pudor, La Tribuna de la semana antepasada explica como están “amarradas las diputaciones por el Departamento de Francisco Morazán o el de Cortes”, por parte de los pre candidatos liberales y nacionalistas, que ya han “otorgado” las posiciones correspondientes a sus cercanos colaboradores y seguidores, sin que haya tenido nada que ver en su escogencia la ciudadanía, ni la membresía del Partido, ni nadie mas que los cabecillas y sus mas íntimos colaboradores. Y confiesan o anuncian o incluso pregonan estos arreglos, sin conciencia de que pudieran herir la susceptibilidad de ciudadanos que hubieran querido –ellos- escoger a sus representantes, sin atender la querella de la ciudadanía de que no se siente representada por ese elenco. Porque si estuvieran conscientes de un problema, esconderían esos privilegios ilícitos o los manejarían con alguna discreción. Pero mas bien piensan que es merito suyo, una medida de su progreso o poder que debe ostentarse, el haber conseguido este o aquel numero de posiciones para repartir.

Luego proliferan los llamamientos, de incluso intelectuales orgánicos del sistema, pidiendo toda una gama de privilegios compensatorios y cuotas para las mujeres y para los indígenas etc., pero pasan por alto el hecho de que el sistema le niega a la gente común, el derecho que define la democracia: el derecho “de votar y ser votado” libremente, cuyo disfrute pleno volvería innecesaria cualquier cuota.

“Y si no los pongo yo ¿quién me va hacer el trabajo de la campaña? ... me dice.... un capo de lo más decente que hay. Pero las respuestas a esas preguntas son sencillas. El trabajo de la campaña presidencial lo debe hacer el candidato a presidente y los ciudadanos que simpaticen con su causa o nominación. Podrá acompañarse del endorso o respaldo que tengan a bien darle otros lideres de su partido de todos los niveles, pero para nada exige o requiere de una lista cerrada ni del acompañamiento de miles de candidatos a todas las posiciones de elección alrededor del país. Esa lista es el instrumento por medio del cual los cabecillas de los partidos tradicionales han secuestrado a la republica, a la nación.

Aquí hay un círculo vicioso. La gente no termina de entender el problema porque, como la mayoría no participa directamente, y hay que participar para ver el sistema en operación, asume que de verdad esto es “democracia”. Pero es una mentira, a la que hay que reconocerle cierta genialidad. Han disfrazado de democracia un sistema que esta perfectamente controlado por una decena de cabecillas de los partidos tradicionales Y todo lo demás es irrelevante. Ningún país democrático tiene el equivalente de esta trampa sistémica. Hay requisitos si. Los partidos como colectivos pueden acoger o descartar una candidatura. Pero no es que, por ley, seis personas disponen del destino y de las oportunidades de participación de todos los demás. Mientras ese sistema no cambie, no vamos a poder reformar ni menos eficientar al Estado

Porque además este sistema es un fundamento de la corrupción y de la disfuncionalidad del gobierno. Los clientes políticos de los cabecillas a su vez construyen huestes y pelotones de activistas que –después- exigen compensaciones o premio por su trabajo de campaña, a los que hay que apaciguar con favores. Eso es lo que ocurrió recién, por ejemplo, con varios ministros que finalmente cayeron por haber empleado -sin tener con que pagarles- a miles de activistas, bajo la presunción de que el Presidente ordenaría que se les diera mas presupuesto para saldar esos sueldos no contemplados. Y en el entendido de que su concurso de esos activistas serviría después para lanzar su propia campaña. Y eso sucede en todos los niveles y provoca toda suerte de disfunción y distorsión de la función pública y de los servicios. Esta es la segunda reforma política más importante. No habrá democracia hasta que se devuelva este derecho extorsionado al ciudadano.

* Roberto Pastor Fasquelle