08 diciembre 2006

El BID, las ruinas Mayas de Copan y la destrucción ambiental

En los últimos días las declaraciones del Dr. Rodolfo Pastor Fasquelle, Ministro de Cultura, señalan como el Estado de Honduras ha solicitado a la UNESCO la remoción del estatus de Patrimonio Mundial que poseen las ruinas arqueológicas de Copán.

Esta iniciativa de la actual administración conllevó a una solemne delegación de ocho miembros del gobierno hasta la sede de la UNESCO en Paris, con el propósito de rescindir de la afiliación de las ruinas a la categoría de Patrimonio Mundial, y así evitar el conflicto de intereses que ha surgidos ante la posición de la UNESCO de criticar la construcción del aeropuerto de Río Amarillo, el cual hace parte del Programa Nacional de Turismo Sostenible, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La UNESCO es enfática sobre los daños que pueden causar la construcción de dicho aeropuerto en las ruinas arqueológicas que se encuentran en las inmediaciones del lugar. Las críticas de parte del organismo internacional han suscitado repudio de parte de los miembros de la administración del Sr. Manuel Zelaya, los que han optado por solicitar a la UNESCO retirar la nominación, sin pensar en las consecuencias a la imagen del país que puede acarrear la decisión gubernamental.

El mismo proyecto de "Turismo Sostenible" del BID financia la infraestructura para el proyecto turístico de Laguna de Micos, en el que se piensa efectuar un relleno de más de 80 hectáreas en un humedal protegido por la Convención RAMSAR. Es de esperar que el Estado de Honduras pida también rescindir ese convenio de protección de los humedales.

Ya para el año el año 2002 -durante la administración de Maduro- el Estado tuvo la desfachatez de enviar un representante de la industria camaronera a la reunión efectuada por RAMSAR en la ciudad de Valencia, España. Este gesto fue considerado como un insulto a los ambientalista reunidos en esa ciudad, los que pusieron en tela de juicio la actitud asumida por el también empresario camaronero Ricardo Maduro.

Mientras tanto el gobierno anuncia la construcción de la Represa Patuca III, para lo cual se obtuvo un financiamiento de parte del gobierno de Taiwan. Incluso los técnicos taiwaneses se encuentran haciendo trabajo in situ, sin que hasta el momento exista la licencia ambiental respectiva.

Hasta el momento la administración del señor Zelaya parece que ha hecho caso omiso de las críticas presentadas por los moradores indígenas del Patuca y los humedales de la Moskitia, los que en la Declaración de Ahuas II pusieron de manifiesto su inconformidad con el proyecto.

Con la estrategia presentada por el Dr. Pastor Fasquelle y su moción a la UNESCO de retirar a las ruinas de Copan de sus lista de Patrimonio Mundial, no es nada raro que el día de mañana se retire Honduras de RAMSAR, y se despoje de los compromisos del Convenio de Biodiversidad, se sacuda del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional de Trabajo( Convenio 169 de la OIT), y nos olvidemos de ratificar el Protocolo de Cartagena, además que le siga la actual administración los pasos al lobo Feroz que el año pasado presentó como plataforma política finiquitar los compromisos con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y así poder aplicar la pena de muerte.

Bienvenidos a la Honduras del siglo XXI, donde en nombre del desarrollo se piensa destruir los últimos vestigios de naturaleza y ruinas arqueológicas que existen en el país. Claro, de por medio están los intereses del grupúsculo de finqueros y mercaderes que controlan una de la economías más injustas en cuanto a la distribución de la riqueza a nivel mundial.

La destrucción ecológica del país esta ligada de forma intima con el supuesto desarrollo preconizado por los organismos internacionales, los que poseen un lenguaje esquizofrénico: por un lado prometen vigilar y respaldar las iniciativas ambientales y por el otro incentivan proyectos destructores.

EL BID con su Plan Puebla Panama (ahora Putumayo) es el generador de una futura serie de desastres ambientales, no está lejos de nuestra memoria el bochorno de los derrames del gasoducto de Camisea en el Perú.

Mientras tanto vale reflexionar sobre el verso aquel de Sor Juana Inés de la Cruz que reza:
Quién será más de culpar
aunque cualquiera mal haga:
La que peca por la paga,
o el que paga por pecar?”

¿Acaso serán los culpables nuestros funcionarios retrógrados? o el BID que es el ente financiero de la destrucción.

Mirian Miranda


06 diciembre 2006

Presidente Zelaya: responsable de la vida de periodistas de revistazo


05 Dec 2006 05:25 pm

Por: Revistazo.com
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El alto comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya tiene conocimiento del asesinato del abogado Dionisio Díaz García y de las amenazas a muerte de que son objeto los periodistas de revistazo.com por divulgar información referente a los abusos de las empresas de seguridad privada, principalmente de Delta y SETECH.



Tegucigalpa .- Diversos sectores de la Sociedad Civil condenaron este martes el asesinato del abogado laboralista Dionisio Díaz García y responsabilizaron al presidente Manuel Zelaya Rosales de cualquier atentado contra la vida de los periodistas Dina Meza, Rosa Morazán, Claudia Mendoza y Robert Marín García, así como de sus familiares.


Díaz García, fue un reconocido profesional del derecho. Logró coronar su carrera después de laborar como conserje. Conoció desde muy joven el abuso de que son víctimas los marginados, por eso uno de sus esfuerzos, según contaba a sus amigos, era dar asistencia legal a los pobres, sin esperar nada a cambio.

En su gremio lo querían y lo respetaban. En los lugares, como la Secretaría del Trabajo y los Tribunales, donde acudió a buscar justicia para los oprimidos, aún recuerdan su afable saludo “buenas, buenas, buenas”, irradiando una contagiosa sonrisa.

“Es que yo así soy” dijo hasta el momento en que dos sicarios le quitaron la vida el pasado lunes, cuando se dirigía a ver cómo marchaban una docena de demandas que llevaba en los juzgados del trabajo en representación de guardias de la empresa Delta Security Service y Seguridad Técnica de Honduras (SETECH), negocios relacionados.

Díaz García, trabajaba en el proyecto laboral que impulsa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en beneficio de aquellos grupos vulnerables, como son guardias de seguridad de empresas privadas, trabajadores de comidas rápidas, a quienes en este mundo moderno, se les esclaviza y se les atropella, en sus más mínimos derechos laborales.

Amenazados

Por denunciar este tipo de arbitrariedades, Díaz García y los periodistas antes mencionados, quienes laboran en revistazo.com, hace unos tres meses comenzaron a ser perseguidos y amenazados a muerte cada vez que publicaban investigaciones realizadas sobre la forma de operar de la empresa Delta y SETECH.

Los seguimientos fueron realizados por el jefe de operaciones de SETECH Roger Medina, por Carlos Aguilar, supuesto investigador contratado por la empresa y por Donaldo Burque, todos ex agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).



El asesinato de Díaz García conmocionó a la sociedad hondureña y a organismos de la cooperación internacional, quienes reaccionaron indignados.


La coordinadora del Comité de Familiares Desaparecidos (COFADEH), Bertha Oliva manifestó, en conferencia de prensa, su indignación, preocupación e impotencia frente a este tipo de hechos. Recordó que los escuadrones de la muerte siguen operando en la actualidad tal como lo hicieron en los años 80.

“Las circunstancias son distintas, ahora es peor, “porque antes había a quién señalar, pero ahora no se sabe a quién”, dijo la defensora de los derechos humanos recordando que Díaz García y los periodistas amenazados acudieron en busca de protección al COFADEH, de donde se pasó la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos.

Responsabilidad

Asimismo explicó que se solicitó protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que dirige Ramón Custodio, también el caso ya es conocido por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y por el Alto Comisionado del Mandato de Mercenarios de la ONU.

“Hoy ninguna autoridad nacional e internacional podría decir que desconocía el caso. Condenamos y responsabilizamos al presidente (Manuel Zelaya Rosales) de cualquier atentado contra la vida de la periodista Dina Meza, Robert Marín García, Rosa Morazán y Claudia Mendoza”.

La responsabilidad es porque la empresa Delta o SETECH dependen del Poder Ejecutivo, al recibir una serie de contratos por alrededor de 63 millones de lempiras por prestar servicio de vigilancia en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), en la Secretaría de Educación, Salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

El Estado es el responsable de tutelar el derecho al trabajo- un derecho humano de segunda generación- pero al contratar a estas empresas violadoras de los derechos laborales de los guardias, se coloca en calidad de cómplice de estas empresas quedando expuesto a demandas a nivel nacional e internacional.

También responsabilizó al Presidente de la República de lo que le pueda pasar a los demás empleados de la ASJ , quienes también han sido víctimas de las intimidaciones cada vez que se publica una nota en revistazo.com contra Delta y SETECH.

Por su parte el presidente de la ASJ, Carlos Hernández dijo que esta institución continuará con la búsqueda de justicia que inició desde 1998, en favor de grupos vulnerables en el país.

Hernández manifestó que los malos son pocos y los buenos muchos, por lo tanto debemos unir esfuerzos para lograr el castigo para los responsables del asesinato de Díaz García.

Hernández citó el salmo 10 versículo uno y dos: "Por qué estás lejos, oh Jehová?Y te escondes en el tiempo de la tribulación?Con arrogancia el malo persigue al pobre;Será atrapado en los artificios que ha ideado".

Licencia

El COFADEH solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad, responsable de registrar y supervisar a las empresas de seguridad privada para que le suspendan inmediatamente la licencia a Delta y SETECH hasta que se aclare la muerte de Díaz García, aseguró.

CONADEH reacciona hasta que hay muertos

Por su parte la periodista Dina Meza, denunció que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), desestimó la solicitud de protección que hizo Díaz García y los periodistas amenazados, remitiéndolos a que presentarán la denuncia en la DGIC a donde ellos se apersonarían posteriormente.

“Si el Comisionado hubiera cumplido con su trabajo, Díaz García estaría vivo”, sostuvo Meza. Después de la muerte de Díaz García, personal de esa entidad supuestamente defensora de los derechos humanos de los hondureños, llamaron a los periodistas amenazados para que fueran ampliar su declaración sobre el caso.

La acción del CONADEH refleja que no es más que otro aparato burocrático del gobierno que no sirve para nada, como lo son las fiscalías del Ministerio Público, criticaron varios presentes en la cita.

Ennoblecimiento

Por su parte del abogado Mauricio Aguilar, asesor de la ASJ, sostuvo que “el hecho criminal y cobarde contra nuestro compañero, no solo responde a los abusos de los derechos laborales de los guardias, sino también alrededor de la legalidad y existencia de estas empresas de seguridad”.

Díaz García trabaja también para que el Estado emitiera una resolución donde al momento de contratar servicios de seguridad privada, se les exigiera a las compañías participantes en las licitaciones que presenten constancia de no tener cuentas pendientes con sus trabajadores en la Secretaría del Trabajo y en los juzgados laborales.

“Nuestro compañero encabezaba una lucha muy amplia, buscaba también desenmascarar esas cuasimafias que operan con la complicidad del Estado”, sostuvo.

“La muerte del compañero Dionisio Díaz García, desde nuestro esfuerzo vamos a ennoblecerla. No vamos a retroceder ni un paso, seremos consecuentes con la labor que el impulsaba”, sostuvo Aguilar.

Atrocidad

El caso de Díaz García es un “crimen atroz”. Quién iba a pensar que se le iba a violentar el derecho a la vida de una persona tan bella como Dionisio. No es cualquier muerte, es una pérdida para Honduras” manifestó el abogado Aníbal Puerto.

Esta es una consecuencia de la impunidad de los años 80. Esto es el producto de los militares genocidas, que en vez de estar en la cárcel, salieron de los batallones y comenzaron a formar empresas de seguridad contratando a ex soldados para explotarlos.

“Honduras no puede seguir perdiendo a sus mejores hijos, tiene que haber justicia. El asesinato de Díaz García no es mala percepción es una realidad”, catalogó.

Acudieron a la conferencia representantes de diversos sectores de la sociedad civil, como el COFADEH, del Centro de Prevención de la Tortura (CPTRT), del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), del Colegios de Abogados, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), entre otras.

Los representantes de estas organizaciones exigieron al presidente Manuel Zelaya Rosales velar por la vida de los trabajadores de la Asociación para una Sociedad más Justa, de los periodistas de revistazo, amenazados, así como de sus familiares.

Al mismo tiempo, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad y del Trabajo auditar a las empresas de seguridad privada violadoras de los derechos laborales de sus guardias, como el caso de SETECH, para quienes pidieron un fuerte castigo y de encontrarse involucrada en el asesinato de Díaz García, la suspensión de la licencia de forma inmediata y el encarcelamiento de los responsables.

Representantes de la cooperación internacional, como la Irlandesa a través de Trocaire, la sueca, Danchurch AID (DCA) y la red Probidad acudió a la Conferencia de Prensa y repudiaron el asesinato de Díaz García exigiendo al Estado hondureño aclarar el hecho y proteger a las personas que están amenazadas a muerte.

04 diciembre 2006

Dignidad y Justicia Social en Honduras

En la evolución constitucional de Honduras, el bienestar y la seguridad del ser humano, del pueblo o de la población, ha sido formalmente la razón de ser de la organización del Estado y del consecuente esperado buen funcionamiento de sus instituciones para ello. En la Honduras de hoy, el fin de la sociedad y del Estado es la plena realización de sus habitantes y el respeto de su dignidad. Esa dignidad debe expresarse en el goce efectivo de los derechos humanos, afirmado en un sistema económico dinámico, eficiente y eficaz en su crecimiento e impregnado de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional; en el disfrute de la seguridad como garantía del goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar; y en la práctica de la solidaridad humana como actitud y comportamiento dentro de la sociedad nacional y de la sociedad internacional.

Sin embargo, puesto que sólo en la comunidad local y nacional puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, en el goce y ejercicio de esos derechos humanos cada habitante tiene correlativamente responsabilidades con su comunidad, deberes de respeto de los derechos de los demás, de la seguridad de todos, de las justas exigencias del bienestar general en una sociedad democrática, y de contribuir a asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, para todas y todos los habitantes, sin exclusión ni marginación alguna.

La realización, sin discriminación, de los derechos humanos de los habitantes debería estarse logrando por medio del desarrollo humano individual, familiar, local y nacional, y con la protección y promoción especial del Estado a las y los niños, discapacitados, ancianos, comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros sectores vulnerables.

Esa es la Honduras que deberíamos estar viviendo según las previsiones de nuestra Constitución que han sido desarrolladas y profundizadas en la Declaración Universal y en los Pactos Internacionales de derechos Humanos así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, sus protocolos y en la nueva generación de tratados centroamericanos en vigor en Honduras.

Todos esos instrumentos vinculatorios y de obligatorio cumplimiento para el Estado y la sociedad, afirman, explícita e implícitamente, que uno de sus objetivos esenciales es liberar a la mujer y al hombre del temor y de la miseria, creando condiciones que les permitan gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales; asegurando, como cumplimiento mínimo, que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso la alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”; y recordando que la negación de los derechos humanos, desconociendo su protección por un régimen de Derecho, genera ingobernabilidad y puede compeler a los habitantes al supremo recurso de la resistencia pasiva o de la rebelión.

Como respuesta a esa negación, ha emergido desde 1986 el derecho humano que según la ONU es la medida del respeto de todos los derechos humanos, es decir, el Derecho al Desarrollo que es un derecho humano inalienable cimentado en la igualdad de oportunidades y posibilidades para poder desarrollarse como personas y naciones.

Ese es un derecho humano fundamental del que dimana el deber del Estado de Honduras de formular una política nacional de desarrollo integral, incluyente de todas y todos los habitantes de Honduras y que posibilite su participación activa, libre y significativa y como sujetos centrales, para que puedan realizarse todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, y contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él con el fin de mejorar constantemente el bienestar.

En marzo del 2001, el equipo Universitario de Voluntariado cívico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrado por docentes e investigadores de las diferentes disciplinas del saber con el apoyo de sociedad civil, presentó el planteamiento: “Proyecto de Nación Siglo XXI: Honduras - Una Patria para todos” contentivo de una Propuesta de desarrollo Integral Sostenible de veinte años, para garantizar ”Vida Digna y Seguridad Democrática para la Nación Hondureña”.

Planteamiento orientado al logro de la promoción humana que asegure, a todos los hondureños y hondureñas, el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y, en consecuencia, su derecho al desarrollo individual, familiar, comunitario, local y nacional. El objetivo es afirmar el sentido de pertenencia, de todos los hondureños y hondureñas, a una Patria por todas y todos efectivamente compartida, donde esté asegurada la formación básica y un nivel mínimo de vida digna, y su mejoramiento progresivo en un entorno de seguridad democrática.

Ahí identificamos a la pobreza de la mayoría de nuestra población como la mayor deuda social del Estado y de la sociedad, pero no planteamos su erradicación como política aislada sino que dentro del marco del desarrollo humano integral que buscamos para todas y todos con la generación de condiciones para el bienestar general, a partir de la promoción de la función social de la familia y del municipio y de la prevención y mitigación de desastres. A ese efecto, propusimos medidas afirmativas de erradicación de la pobreza con empleo masivo, seguridad educativa, seguridad en salud, alimentación y habitación; y con eficacia de políticas, programas y del gasto social. Todo lo cual se hizo acompañar de proposiciones sobre el dinamismo y sostenibilidad económica y la seguridad democrática de Honduras, a lograrse con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la puesta en práctica de la responsabilidad compartida de gobernantes y gobernados.

Ese planteamiento se cita como uno de los principales antecedentes del Acuerdo Nacional de Transformación para el Desarrollo Humano en el Siglo XXI concluido, en septiembre del mismo año 2001, entre sociedad civil, partidos políticos y gobierno. Dicho Acuerdo Nacional reconoció la presencia, en la sociedad hondureña, de distintos actores cuya participación se hace necesario lograr para impulsar el proceso de desarrollo humano, en especial los grupos humanos históricamente excluidos de este proceso, tales como los pueblos indígenas, la población negra, las mujeres, los jóvenes, los niños y niñas y las adultas y adultos mayores.

En ese Acuerdo se reconoció, una vez más, que hemos avanzado en la construcción de un Estado de Derecho pero que aún no hay vigencia plena de los derechos humanos y que la pobreza y la corrupción son problemas y desafíos que están pendientes de ser resueltos, por lo que se contrajo también el compromiso de establecer una Alianza Nacional de Combate a la Pobreza que aun no se establece pero que urge hacerlo conjuntamente con el objetivo de erradicar la corrupción.

Sobre la base de los anteriores precedentes y para contribuir, con enfoque de derechos humanos, a impulsar el desarrollo integral sostenible, nacional y centroamericano, y a identificar y eliminar progresivamente también las causas estructurales de la pobreza en Honduras y en Centroamérica: es que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, creó la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo. Partimos de la evidencia según la que la gestión del Estado democrático, bajo el Imperio del Derecho, demanda que Gobiernos y Gobernados tomen conciencia efectiva del valor y la dignidad de la persona humana como sujeto de su propio desarrollo integrado, y de que el desarrollo de los seres humanos no ocurre en el vacío, sino que se produce en un contexto social preciso y a partir de situaciones concretas en el ámbito territorial local. Situaciones, como la pobreza de la mayoría de la población en Honduras y en otros países centroamericanos, que requieren de un concepto positivo de desarrollo humano integral cuya aplicación proporcione respuesta efectiva al problema de las y los pobres, con su participación activa y productiva.

Ese pensamiento expresado en palabras de desarrollo humano integral, ya está vigente en Honduras y llama a su aplicación en la realidad cotidiana. Concepto propio forjado por nuestra región ístmica, según el que: el desarrollo humano sostenible en Centroamérica debe ser un proceso que tenga como centro y sujeto primordial al ser humano y promueva el cambio progresivo en la calidad de su vida por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo, y que se sustente en el equilibrio ecológico y en el soporte vital de la región. Ese proceso de desarrollo implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras.

Empoderarnos de ese concepto explícito de desarrollo local, nacional y centroamericano con enfoque de derechos humanos (que ya es parte de nuestro Estado de Derecho) y aplicarlo, nos permitiría estar en relación de conformidad con el contenido del vigente Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, según el que “el desarrollo sostenible de Centroamérica sólo podrá lograrse con la conformación de una comunidad jurídica regional, que proteja, tutele y promueva los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica”.

El Estado de Derecho en Honduras y la Comunidad de Derecho en la región reflejan así las expectativas sociales y prescriben la obligación de avanzar hacia esa visión centroamericana de desarrollo humano y seguridad democrática, resolviendo el problema de las y los pobres y discriminados.

La pobreza y la discriminación es reconocida también, por el nuevo modelo de desarrollo y seguridad democrática, como prueba de un grave estado de atraso y testimonio de desigualdad en Honduras y en la región, y como lesión a la dignidad humana que, junto a la corrupción, se constituyen en amenazas a la seguridad de los habitantes y a la estabilidad democrática de las sociedades y Estados centroamericanos.

Ese modelo de desarrollo sostenible y de seguridad democrática, indica que se debe prevenir y erradicar esas amenazas; en lo atinente a la pobreza, mediante la inversión social que incida significativamente, en particular, en la promoción del capital humano en especial educación, salud y nutrición; en la creación de empleos o trabajos decentes; en la participación de las y los pobres como sujetos activos y soberanos individuales en la sociedad y en el Estado; y en el acceso a los servicios sociales fundamentales, créditos, tierras. Por eso, se prescribe que la adecuación del presupuesto nacional debe estar orientada al beneficio del sector social para mejorar constantemente la calidad de vida de todos los habitantes, con atención especial a las y los pobres, marginados y excluidos por el injusto sistema actual.

La comunidad internacional ha coincidido también con el enfoque centroamericano, entre otros foros, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En 1995, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. En el 2000, en la Declaración del Milenio, en la ONU. Desde el 2001, la Carta Democrática Interamericana consigna que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano, son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia; que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia; y que la educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano, erradicar la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos.

No obstante todo lo previsto en el orden jurídico nacional, regional e internacional, y lo recordado reiteradamente por los gobiernos en las cumbres centroamericanas, americanas y mundiales: según informes del 2006, la pobreza en Honduras apenas ha cambiado desde 1998, a pesar del crecimiento económico positivo que se ha producido. Honduras sigue siendo un país de ingresos medios bajos con los indicadores sociales menos significativos de la región de América Latina y el Caribe y con niveles altos de desigualdad expresivos de la condición humana de la mayoría de nuestro pueblo que vive contradictoriamente en la pobreza, exclusión y marginación.

De ahí que, sin perjuicio de sus particularidades, sean un deber y una necesidad imperativa impostergable aplicar, en Honduras, el modelo de desarrollo humano sostenible y de seguridad democrática de Centroamérica, que es conforme con el fin constitucional de la organización de nuestra sociedad como Estado y de su participación en el proceso de integración y mundialización.

En esa perspectiva, se impone formular y aplicar participativamente, una política nacional consecuente, como medio de realización, exigibilidad y control de la promoción, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos de los habitantes; priorizando, en aras de la cohesión social, la atención de las necesidades básicas de vida digna de los hombres y mujeres que viven en situación de pobreza, exclusión y marginación, logrando su inclusión participativa en el esfuerzo colectivo de desarrollo humano sostenible, y asegurando su participación equitativa en los beneficios de ese esfuerzo.

Ante la lacerante situación de injusticia social y de lesión a la dignidad humana de la mayoría de los habitantes de Honduras y Centroamérica que viven en la pobreza, y la urgencia de promover alternativas de solución en el contexto del desarrollo humano sostenible y de seguridad democrática para todas y todos: es de llamar apremiantemente a la ciudadanía activa expresada en nuevas formas de pensar, actuar y de organizarnos en sociedad, nuevas formas de vivir y plantear soluciones innovadoras en lugar de permanecer en las posiciones que nos mantienen en el subdesarrollo y en la injusticia social.

Hemos presentado ya la iniciativa de poner en funcionamiento, en Honduras, un observatorio nacional de cumplimiento de los Derechos Humanos incluyendo el Derecho al Desarrollo; de construir indicadores que nos permitan fijar la línea de base para informar sobre los avances, estancamientos y retrocesos; de activar una red de investigadoras e investigadores especializados sobre los aspectos atinentes al respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, y una red de centros de información y documentación al servicio de la sociedad y del Estado. Esa iniciativa la hemos formulado igualmente en el ámbito y con alcance regional. Pronto estaremos haciendo planteamientos cívicos para seguir contribuyendo con el impulso a la transformación nacional afirmando la democracia, el desarrollo, la paz y la libertad.

En suma, la promoción de la dignidad humana y la defensa de la justicia social en Honduras, exalta nuestra responsabilidad de forjar pensamiento y acción para vivificar nuestro Estado democrático y social de Derecho, uniendo lo científico y la cotidianidad social, en la búsqueda prioritaria, como país, de opciones propias debidamente sustentadas para el desarrollo humano integral y la seguridad democrática de todas y todos los habitantes y, con ese cometido, para la solución de los problemas y la erradicación progresiva de las causas estructurales que mantienen en la pobreza, desigualdad, exclusión y marginación, a la mayoría del pueblo hondureño.



H. Roberto Herrera Cáceres

Coordinador General de la Maestría en Derechos Humanos y Desarrollo (UNAH); Presidente del Instituto de Investigación y Acción Cívica (INAC); Coordinador Nacional de la Unión por la Democracia y el Desarrollo Nacional (UDAL).