Democracia para Honduras

La existencia y consolidación de un Estado democrático tiene como condición primordial el cumplimiento, respeto y tutela de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de quienes lo habitan; y, por eso, los pueblos tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y protegerla.

Nuestro país está obligado a definir sus políticas públicas y a ejecutarlas con la comprensión de que sólo acompañada del desarrollo, la libertad, la paz y de la participación ciudadana, la democracia mantiene sustantivamente su aptitud para su destino como construcción permanente hacia un ideal de gobierno y de sociedad; y que esa democracia es la base de nuestro Estado de Derecho y de nuestro régimen constitucional.

Los partidos políticos y los ciudadanos y ciudadanas que aspiren al servicio público en Honduras, deberían apropiarse de ese sentido y alcance de la democracia moderna y preparar de antemano lo necesario para poder aplicarla, corregirla, iluminarla y dirigirla, conscientes de que nuestra Constitución de la República, declara a Honduras como un Estado democrático que tiene como fin supremo a la persona humana y la promoción, respeto, y protección de su dignidad; por lo que, debe velar por asegurar la plena realización de los hondureños y hondureñas, en cualquier lugar donde se encuentren, y garantizar en el territorio nacional, a todas y todos los habitantes, el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar.

La democracia constitucional implica la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de una democracia de calidad que responda a los requerimientos vitales de la soberanía permanente del pueblo sobre el Estado y su derecho al desarrollo y al bienestar; que genere los cambios necesarios para dotar de capacidades y oportunidades de realización a todas y todos los habitantes; y que elimine las causas de la corrupción, pobreza, desigualdad y exclusión social.

El ejercicio de la forma democrática de Gobierno en Honduras, es competencia constitucional no sólo del Poder Ejecutivo sino que también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Esos poderes, aunque distintos e independientes, deben actuar complementariamente, en coordinación metódica y en consulta con la sociedad, para asegurar la democrática y eficaz gestión social del Estado.

Esa necesidad lleva también a plantear sugerencias conducentes a la organización de elecciones realmente representativas con votos conscientes de la ciudadanía hacia candidatas o candidatos capaces y dispuestos a ejercer cumplidamente la forma democrática y republicana de nuestro Gobierno constitucional.

El creciente abstencionismo electoral de la ciudadanía, así como el voto en blanco e inclusive del voto nulo, deberían ser seriamente investigados para detectar su relación con frustración o desconfianza hacia la institucionalidad del Estado o la actuación de quienes la dirigen o aspiran a hacerlo, y para encontrar soluciones pertinentes que lo reviertan aumentando la participación que democratice más nuestra sociedad.

En forma igualmente responsable, deberíamos dar mayor legitimidad al resultado del proceso electoral, estudiando y planteando nuevas y más altas mayorías de votos en nuestro sistema de elección de Presidente, Vicepresidente, diputadas y diputados, y corporaciones municipales, e inclusive, para la elección de segundo grado, de los integrantes del Poder Judicial y de las otras entidades o instituciones del Estado.

El sistema proporcional de elección de diputados y diputadas es lo que ha permitido a los partidos minoritarios tener representantes en el Congreso Nacional. Necesitamos perfeccionar ese sistema teniendo presente el principio constitucional de la democracia participativa que implica también la participación de todos los sectores políticos en el Gobierno para asegurar la cohesión social, el progreso y la estabilidad.

En el ejercicio de la democracia debe estar siempre presente lo cierto, genuino y verdadero de la representación conferida que es verificable por el contacto y las respuestas sistemáticas a las necesidades del pueblo como custodio de la soberanía del Estado, de la cual emanan los poderes públicos y su legitimidad. De ahí el interés de considerar la revocatoria del mandato de los representantes electos que no se mostrasen capaces ni dispuestos a atender ese contacto ni a dar esas respuestas para contribuir al cumplimiento de los fines del Estado democrático y social.

La democracia constitucional llama a una democracia de calidad que dirija el desarrollo sostenible y la seguridad de Honduras hacia el avance progresivo del bienestar nacional, con un buen gobierno, la activación de la conciencia ciudadana y la vigilancia constante de la sociedad, para lograr el efectivo Estado de Derecho que nos permita vivir en una realidad centrada en la promoción de la persona humana, en la justicia, en la solidaridad y en la honestidad.

H. Roberto Herrera Cáceres

¿Sólo Callejas?

Gloria Leticia Pineda

Un médico muy famoso, radicado en Santa Ana, El Salvador, destacado miembro del Partido Liberal y ejemplar hondureño, decía: “Nos lamentamos que Honduras es un país pobre, pero cada gobierno produce una cosecha de millonarios”.

Esperamos que en su libro Suazo Córdoba explique porqué él, su gabinete, asesores y demás funcionarios manejaban tantos billetes de cien dólares en sus manos.

¿Bonificación de la maldita contra? La honradez de Azcona no contagió a sus funcionarios, algunos se hicieron ricos con lujosas casas urbanas y haciendas.

Detrás de Callejas no cesaron los funcionarios corruptos que como golondrinas negras sí hicieron verano y oscurecieron el cielo de honradez de la patria.

¿Por qué proliferan tanto? Porque somos un pueblo tolerante, nos violenta tanto ladrón, pero no lo condenamos, lo tratamos como un digno amigo.

Como decía Leonardo Da Vinci: “Quien no castiga el mal ordena que se haga”.

Nos hemos vuelto tan cínicos como los mismo ladrones, indolentes y ¡sin justicia! ¡Nada! No existe un sistema confiable.

La Corte Suprema de Justicia fue comercializada, un candidato liberal que ya daba por perdida la presidencia canjeó su capital político para adueñarse de la Corte Suprema de Justicia.

Muere trágicamente el presidente de la Corte y ese líder liberal dijo con todo cinismo: “Tengo que nombrar el sustituto, porque la Corte es mía”.

Al entrar el gobierno de Maduro maliciosamente se cambió la composición de la Corte, de 9 magistrados se incrementó a 15, 8 nacionalistas y siete liberales.

Al terminar el período de siete años se cambia la “coreografía”, se invierte el número y quedan 8 magistrados liberales.

¿Cuál es la idea? Tener un “peón extra” para el partido en el poder e inclinar la balanza al gobierno de turno.

Es un asco que politicemos la justicia con tanto descaro.

Los liberales se apasionan hasta el histerismo hablando de la corrupción de Callejas, pero si se introduce el nombre de un liberal corrupto, como un ingeniero civil, ladrón de “siete suelas”, asesor en varios gobiernos liberales, de largas uñas, inmediatamente cambian la conversación. Y ésa es la falla: la limpieza debe comenzar por casa.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

¿No te da asco abrazarte con un corrupto, sabiendo el daño que hace a tu país, a ti, a tu familia? Si te vuelves cómplice directo o indirecto de un ladrón, eres tan deleznable como él.

Todos tenemos el poder de la profilaxis para detener a tanto delincuente si perseveramos en la censura, en el abierto rechazo.

Crecencio Arcos pregonaba que la víbora sólo muerde a los descalzos, pero si usted tiene buena memoria, recordará que la lista social del señor Arcos estaba encabezada por los “zares” de la corrupción. ¿Quiere nombres?

La Conadi fue una buena iniciativa para el progreso del país, pero cayó en manos de gente inescrupulosa e hicieron una “orgía” de ella hasta destruirla.

Tampoco hubo juicio y castigo. Los ladrones terminaron en el “jet set”, social, abrazados y admirados por todos, huéspedes de la embajada norteamericana.

Estando mi hija de traductora de un empresario descubrió que esa compañía vendía “ítem” por 11 dólares en enormes cantidades y Cementos de Honduras los contabilizaba a $ 25 cada “ítem”.

En esa época “cementos” estaba en manos de militares y el gerente era el ingeniero Tomás Lozano.

Hasta 1980 el dinero venía a montones, los organismos internacionales competían para deshacerse de la enorme liquidez que los agobiaba.

El dinero fue a parar a los bolsillos de políticos, militares y se perdió.

La deuda externa no se pagó.

En el mercado internacional de valores veinte centavos de lempiras equivalían a un dólar y “gente pudiente” como Jaime Rosenthal y Miguel Facussé la pagaron.

Con los papeles compraron empresas y bienes del Estado a precio de “gallo muerto”.

Desde entonces Honduras ha sobrevivido de “milagrito, en milagrito”: el Fifí, el maldito dinero de la contra, el Mitch, la condonación de la deuda externa y ahora el Gobierno de Zelaya es otro corrupto con diferente estilo. ¡Todos son unos malditos!

La corrupción hondureña anda suelta

El embajador Ford está haciendo temblar a muchos hondureños con la privación de visas para entrar a USA. Pero es poco, demasiado poco. Los 1200 “azos” que vienen saqueando al país desde hace 50 años tienen otros paraísos --aun aquí-- para vivir como magnates. Si el embajador Ford quiere hacer algo bueno por Honduras, busque a los corruptos hasta con lupa, haga que sean juzgados sin parcialidades, desvíselos públicamente, obligue a que regresen al Estado los dineros robados al erario público. No es justo que el 70% de los 7.4 millones de hondureños vivan en la pobreza y de éstos el 20% malvivan en la miseria.

La columnista de La Prensa Gloria Leticia Pineda dice sobre la corrupción hondureña: “En Honduras la única medicina contra la corrupción es despojar de inmunidad a todos”. “Los corruptos nos están llevando a la ruina”. “Nadie quiere invertir en tierra de ladrones”. “Los gobiernos se sienten incompetentes y por eso nombra inútiles comisiones, sus miembros son la élite de la honestidad, todos ocupados, se reúnen cuando pueden” (LP, 30.07.02).

Cuando faltaban pocos meses para que entregar la banda presidencial Carlos Flores Facussé, una diputada de su mismo partido hizo declaraciones valientes que hacen pensar. Para no quitarle el peso que llevan, las copiamos literalmente del periódico El Heraldo:

“La diputada Orfilia Carranza de Mejía demandó el cierre de la Fiscalía de la Corrupción por considerar que no cumple ninguna función, dado que todos los corruptos de cuello blanco se pasean libremente por las calles. Como ciudadana --dijo la diputada del Partido liberal-- me siento decepcionada porque no he visto a nadie castigado por hechos de corrupción.

El pueblo conoce a la perfección quiénes son los corruptos, tanto ciudadanos normales como aquellos que tienen inmunidad y no se ha hecho absolutamente nada. En ese sentido, estimo que el pueblo hondureño se ahorrará la gran cantidad de recursos que se gastan en esa fiscalía.

El objetivo de nosotros es que se castigue a los corruptos, pero como no se hace porque siempre no hay pruebas, se vencen los plazos y no hemos visto el producto exacto de ese trabajo. La diputada Carranza insistió en que sólo con el pago de salarios habría un ahorro significativo para las arcas del Estado” (EH, 21.05.01).

En Honduras, desde hace unos 30 años para acá han surgido diversas entidades saqueadoras del erario público. El pueblo sencillo sabe perfectamente quiénes son, cuánto se han robado y dónde están. Con todo, las autoridades mantienen un sistema de leyes obsoletas y una inmunidad cosmética impenetrable para los de cuello blanco. Ello ha dado motivos para que Transparencia Internacional haya declarado a Honduras como el tercer país más corrupto de América. Esto golpeó fuertemente el primer día a las personas honestas, pero al día siguiente pareciera que no había pasado nada en la tierra de Morazán porque no se puso remedio alguno.

Todos los hondureños saben perfectamente quiénes son, cuánto se han robado y dónde están los 1200 “azos” del “Conadazo”, del “Pulpazo”, del “Corfinazo”, del “Lechazo”, del “Calazo”, del “Pasaportazo”, del “Chinazo”, de los “VI Juegazos”, de los “Financiazos”, del “Gasolinaza, “Furgonazo”, Fishsazo”. Todos viven en Honduras y nadie los juzga por complicidad de grandes personajes que viven como magnates, burlándose de los pobres y los miserables.

Los hechos de corrupción están dados descaradamente y todo el mundo sabe perfectamente quiénes son esas personas corruptas. Pero los entes controladores no actúan ni mueven un dedo para poner remedio a tanto mal. No se explica tanta apatía por parte de las autoridades. La gran mayoría de los hondureños están convencidos de que entre los grandes corruptores están los hijos y los padres, los nietos y los sobrinos, los primos y los ahijados, los compadres y los familiares, los del Partido Nacional y los del Partido Liberal. Esa es la razón -- sostiene el pueblo-- por la que ninguna autoridad actúa, ya que todos se cubren con la misma cobija.

En la columna “Apuntes” del periódico El Heraldo se lee jocosa pero decepcionantemente sobre los corruptos: “Por fin dijo algo de aplaudir doña Orfilia Carranza. Tiene razón la señora diputada. Mejor que cierren las fiscalías porque en una de ellas sólo se dedican a ´muñequear’ y en otras a hacer ´show´. La Fiscalía de la Corrupción no ha podido meter preso ni Al Capone” ni a ningún pez gordo de cuello blanco (EH, 21.05.01).

“El subsecretario de Finanzas, Danery Fúnez, manifestó el 6 de noviembre del año 2001 que el monto por evasión fiscal por parte del sector empresarial asciende a más de 10.000 millones de lempiras. Es enorme el número de empresarios que cobran el Impuesto Sobre las Ventas a los clientes, pero no entregan lo recaudado al Estado” (EH, 7.11.01).

Embajador Ford, la mayoría de los hondureños aplaude su actuación valiente. Rastree la historia de Honduras en los últimos 50 años. Obligue a que la justicia sea aplicada sin miramiento alguno y pareja para todos. Queremos salir de este atolladero. Auxilio, auxilio…

Antonio Martín

(amartin55@hotmail.com)